Un «retraso» del Ministerio del Interior británico podría haber provocado que pruebas clave sobre los escándalos de bandas de explotación sexual se hayan perdido antes de que se ordenara su conservación, según ha alertado un comité parlamentario británico.
La advertencia parte de Dame Karen Bradley, presidenta del comité de Interior, quien ha reclamado explicaciones a la ministra Shabana Mahmood por la demora de más de medio año en dar instrucciones a policías, ayuntamientos y otros organismos para que preservaran documentación relevante. Según expone, esta tardanza podría haber tenido consecuencias directas en la disponibilidad de pruebas para la investigación pública en marcha.
En su carta, Bradley cuestiona si el Gobierno ha evaluado el impacto de ese retraso, incluyendo posibles efectos legales futuros, y si ha consultado a las distintas administraciones para saber si han eliminado archivos que podrían resultar determinantes. También plantea qué ocurriría en caso de que se confirme la destrucción de material relevante, teniendo en cuenta que no existía una orden previa que obligara a conservarlo.
El origen de la polémica se remonta a una auditoría elaborada por la baronesa Casey, que recomendó en junio impedir la eliminación de cualquier registro vinculado a estos casos. Sin embargo, según el comité, no fue hasta el 14 de enero cuando el Ministerio del Interior se dirigió a los responsables policiales para iniciar la recopilación de documentación de cara a la investigación nacional.
Esta investigación, dirigida por la baronesa Longfield, analizará posibles encubrimientos por parte de autoridades locales y contará con amplios poderes legales para exigir testimonios y pruebas. Además, se nutrirá de investigaciones policiales en curso, incluidas las de ámbito nacional, así como de los relatos de víctimas y testigos. Cualquier indicio delictivo que se detecte será remitido a las fuerzas de seguridad.
La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que muchos de los delitos investigados se produjeron en la década pasada y que las administraciones aplican políticas de conservación de datos que permiten eliminar archivos tras varios años, en algunos casos entre seis y veinte.
El diputado Robbie Moore, también integrante del comité, aseguró que ya había detectado el problema en diciembre al comprobar que autoridades locales, como las de Bradford, no habían recibido indicaciones claras para proteger los registros. A su juicio, se trata de un «fallo grave» del Ejecutivo que plantea interrogantes sobre qué información se ha podido perder y por qué no se actuó antes.
Moore advirtió además de que persisten dudas sobre si todos los organismos implicados llegaron a ser informados formalmente. En su opinión, si el Gobierno no aclara lo ocurrido, no sólo se verá afectada la credibilidad del proceso, sino que también se corre el riesgo de volver a perjudicar a las víctimas, que llevan años reclamando respuestas.
