Jean Pisani-Ferry ha abordado en un informe oficial —dado a conocer hace unos meses— las incidencias económicas de la acción por el clima. El documento, elaborado por France Stratégie, un think tank asociado a la oficina del primer ministro, recoge la preocupación por la financiación de las políticas verdes promovidas por la Unión Europea en las últimas décadas. Según los cálculos de expertos del Gobierno francés, el coste total podría ascender a los 66.000 millones anuales, aproximadamente el 2% de su PIB anual.
Según apunta el informe elaborado por Jean Pisani-Ferry y Selma Mahfouz, las ambiciones climáticas de Bruselas no corresponden a los fondos dedicados a ello. El propósito de alcanzar la neutralidad de carbono constituye una meta costosa además de prolongada en el tiempo. Y es que lograr que los veintisiete Estados miembros no emitan más CO₂ del que son capaces de absorber conlleva un gran trabajo en materia de reforma de edificios y producción industrial. A pesar de las ayudas públicas concedidas no existe suficiente financiación para costear los objetivos que se propone la legislación europea; cambios como la renovación de sistemas de calefacción, el aislamiento de muros o la sustitución de todos los vehículos de motor de combustión son algunos de los ejemplos mencionados.
Una de las recomendaciones del think tank francés pasa por repartir la carga presupuestaria entre entes públicos y privados, en una proporción equivalente y paritaria. Un Estado no puede hacerse cargo del precio de una transformación tan profunda de los sistemas de combustión y producción por lo que la solución propuesta pasa por buscar nuevas fuentes de financiación.
El Acuerdo de Paris alcanzado en 2015 supone un antes y un después en las políticas europeas. Si bien previamente las instituciones europeas habían promulgado múltiples leyes verdes, el pacto establecido entre líderes mundiales y alentado por el actual presidente Emmanuel Macron intensifica el ritmo al que tal transición se desarrolla en el territorio europeo.
El Pacto Verde aprobado por la Comisión en 2020 refleja la influencia que las decisiones tomadas en las cumbres climáticas ejercen sobre los legisladores europeos. El plan recoge metas de difícil consecución como el objetivo 55 que aspira reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en los próximos siete años. Una medida que expertos como el ingeniero politécnico Christian Gerondeau critican.
La religión ecologista, uno de sus libros más vendidos, aporta argumentos científicos contra la mitificada correlación de las emisiones de CO₂ y la temperatura terrestre. Según su afirma en su estudio, la variación de la temperatura corresponde a un proceso natural y cíclico determinado por múltiples factores y no vinculado a la acción humana. Las políticas enfocadas a reducir las emisiones a 0 no repercuten en el stock ya presente en la atmósfera, careciendo de un efecto palpable señala Gerondeau.
La transición hacia las denominadas energías limpias o renovables ha sido otra de las falsas promesas teniendo en cuenta el plazo dispuesto para ello. El elevado coste de producción de algunas de estas energías —nótese que la electricidad producida con hidrógeno es diez veces superior a la generada con hidrocarburos—, así como a su todavía tímido desarrollo aleja la ejecución de las políticas con fines ecologistas.
France Stratégie alerta además sobre otro riesgo importante: la dependencia energética de China. Según apunta, las políticas de descarbonización parecen favorecer al país asiático que lidera la producción de paneles fotovoltaicos y de baterías y que cuenta con una considerable producción eólica; un hecho que pone en riesgo la desindustrialización de Europa.
