Un tribunal del Reino Unido ha concedido 240.000 libras en compensaciones y costes legales, financiados íntegramente con dinero del contribuyente, a Fuad Awale, un yihadista condenado a cadena perpetua por un doble asesinato, tras considerar que su régimen penitenciario vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
El fallo del Tribunal Superior obliga al secretario de Justicia, David Lammy, a abonar 7.500 libras en concepto de indemnización y 234.000 libras en honorarios legales, después de que los jueces concluyeran que la segregación prolongada del recluso violó su derecho a la vida privada recogido en el artículo 8 del CEDH.
Awale fue sometido a un régimen de aislamiento de alta seguridad tras protagonizar en 2013, junto a otro preso islamista, el secuestro de un funcionario de prisiones, al que amenazaron con matar si el Reino Unido no liberaba al predicador extremista Abu Qatada. Pese a este historial, el tribunal ha considerado que su separación del resto de internos fue desproporcionada.
Durante el proceso, Awale alegó que el aislamiento le provocó una «depresión severa» por no poder relacionarse con otros presos. La vista reveló incluso que solicitó contacto con otro asesino yihadista, petición que fue denegada por motivos de seguridad antiterrorista, extremo que el tribunal ha acabado valorando en su favor.
El condenado cumple cadena perpetua por los asesinatos de Mohammed Abdi Farah, de 19 años, y Amin Ahmed Ismail, de 18, ejecutados de un disparo en la cabeza en 2011 en Milton Keynes tras una disputa relacionada con drogas. En 2013 fue sentenciado a un mínimo de 38 años de prisión.
La resolución ha reavivado las críticas contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su impacto sobre la seguridad y el sistema judicial británico. El portavoz de Justicia en la oposición, Robert Jenrick, alertó de que este tipo de sentencias abre la puerta a nuevas reclamaciones de presos peligrosos y limita la capacidad del Estado para controlar a reclusos extremistas.
«Esta es la realidad del CEDH: prioriza los supuestos ‘derechos’ de terroristas a relacionarse con otros extremistas por encima de la seguridad de los funcionarios de prisiones», denunció Jenrick.
El caso Awale se suma a otras decisiones polémicas que han alimentado el debate sobre el CEDH en Reino Unido. Entre ellas, la de un delincuente albanés que evitó su deportación tras considerar un tribunal que sería «demasiado duro» para su hijo mudarse al extranjero, alegando su aversión a los nuggets de pollo.
La controversia se ha intensificado tras las declaraciones de Mary-Ann Stephenson, nueva presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, quien ha pedido frenar lo que denomina la «demonización» de los inmigrantes y ha rechazado la salida del CEDH, pese al creciente respaldo político a esa opción. Partidos como Reform UK, que lidera las encuestas, han prometido abandonar el Convenio por considerar que favorece a abogados activistas que bloquean deportaciones de criminales peligrosos.
Las críticas alcanzan incluso al ámbito de la seguridad nacional. Abogados que representan a Hamas han presentado acciones legales alegando que su designación como organización terrorista vulnera los derechos humanos de sus simpatizantes al restringir su libertad de expresión.
