Inmigrantes ilegales acusados de delitos sexuales y otros crímenes están recibiendo asilo en el Reino Unido, según ha denunciado una funcionaria del Ministerio del Interior británico. La empleada, que ha decidido permanecer en el anonimato, asegura que los responsables de tramitar solicitudes tienen orden de aprobar peticiones incluso de solicitantes con causas pendientes, siempre que el delito no implique una condena superior a 12 meses de prisión.
La denunciante ha relatado el caso de un ciudadano afgano arrestado en repetidas ocasiones por exhibicionismo en un parque infantil. Al negarse a aprobar su solicitud, fue sancionada por sus superiores. «Me negué porque consideré que representaba un peligro para los niños. Pero mi jefe me dijo que no podíamos rechazar a un afgano. Así funciona el sistema», ha afirmado.
Según esta trabajadora, la presión interna por cumplir objetivos de productividad obliga a muchos empleados a conceder el asilo sin revisar los expedientes a fondo. Los funcionarios deben cerrar hasta seis casos semanales, con entrevistas de apenas dos horas y media. «Nos sentimos machacados. Se nos exige cantidad, no calidad», incide.
Y ha advertido además de que las solicitudes procedentes de países como Eritrea o Sudán se aprueban de forma acelerada y con menos controles que las de otras nacionalidades. En muchos casos, incluso cuando un tribunal de inmigración rechaza el asilo, los ilegales pueden presentar nuevas «alegaciones complementarias», como motivos religiosos, sexuales o psicológicos para evitar la deportación.
La situación ha hecho saltar todas las alarmas en el Reino Unido, sobre todo tras varios escándalos protagonizados por solicitantes de asilo. Uno de ellos, el etíope Hadush Kebatu, fue deportado la semana pasada después de agredir sexualmente a una menor de 14 años. Otro caso reciente es el del argelino Ibrahim Kaddour-Cherif, un delincuente sexual y ladrón reincidente que fue liberado por error de la prisión de Wandsworth y permaneció seis días en libertad antes de que la Policía fuera notificada.
Las revelaciones llegan en vísperas de que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anuncie una reforma integral del sistema de asilo. El plan contempla endurecer los criterios de criminalidad, limitar las apelaciones por motivos de derechos humanos y retirar el derecho a solicitar asilo a cualquier inmigrante condenado por delitos sexuales. Mahmood ha reconocido que el Ministerio «no está a la altura» y ha prometido “hacer lo que sea necesario para proteger las fronteras del Reino Unido”.
El año pasado se registró un récord de 111.000 solicitudes de asilo, un 14% más que el anterior. Sólo en 2025, más de 37.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, un aumento del 17% respecto al mismo periodo del año pasado.
Mientras tanto, la oposición ha acusado al Gobierno laborista de “poner en riesgo la seguridad nacional”. El portavoz de Interior del Partido Conservador, Chris Philp, ha calificado de “vergonzoso” que “inmigrantes ilegales acusados de delitos puedan recibir asilo”, y ha exigido la salida del Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos para poder deportarlos sin trabas.
Desde el Ministerio del Interior niegan las acusaciones y aseguran que el sistema británico mantiene “un marco sólido de controles y medidas de calidad”. “La integridad del sistema migratorio es prioritaria”, ha señalado un portavoz oficial.
Sin embargo, las denuncias de los funcionarios ponen en entredicho ese “marco robusto” y revelan un sistema saturado, ineficiente y cada vez más incapaz de distinguir entre quienes buscan protección legítima y quienes se aprovechan del caos administrativo para permanecer en el país.
