La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto aumentar el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea a Marruecos apenas unos días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En una respuesta por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Von der Leyen calificó a Rabat como un «socio estratégico» en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y la inmigración ilegal.
La dirigente comunitaria planteó que Bruselas puede trabajar con España para reforzar la gestión fronteriza, mejorar los sistemas de alerta temprana y aumentar el apoyo técnico y financiero a Marruecos. El mensaje llega después de que decenas de miles de personas accedieran a la ciudad autónoma desde territorio marroquí, en una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de España y de Europa.
Más dinero para Marruecos tras la crisis de Ceuta
La respuesta de Von der Leyen supone una nueva muestra de la estrategia habitual de Bruselas ante Rabat: mantener la cooperación, evitar una confrontación directa y ofrecer más recursos al país vecino incluso después de una crisis que ha dejado a Ceuta al límite.
Sánchez había escrito a la presidenta de la Comisión el pasado 1 de agosto para denunciar la falta de solidaridad de algunos Estados miembros ante la avalancha migratoria.
La Comisión, sin embargo, ha insistido en que Marruecos sigue siendo un aliado fundamental para frenar la inmigración ilegal. Von der Leyen agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes y subrayó que nadie habría alcanzado la península ni el resto de la Unión Europea.
Pero el gesto político más relevante fue su disposición a mejorar la financiación y la asistencia técnica a Rabat, pese a que la crisis se produjo precisamente desde territorio marroquí.
Decenas de miles de entradas en la frontera del Tarajal
Las entradas comenzaron el 30 de julio en una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. El Ministerio del Interior cifró las llegadas en torno a 50.000 personas, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra a cerca de 60.000, en una ciudad de aproximadamente 84.000 habitantes. La presión migratoria provocó una situación de colapso en la ciudad autónoma.
Según las autoridades españolas, al menos 72 personas murieron durante la crisis. Algunas se ahogaron y otras fallecieron aplastadas en un espigón próximo a la playa del Tarajal.
La mayoría de quienes entraron regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas, pero el episodio volvió a evidenciar hasta qué punto Ceuta y Melilla dependen de la actitud de Rabat y de la capacidad real de España para defender su frontera sur.
Italia y Francia endurecen controles
La reacción de otros países europeos fue mucho más dura que la de Bruselas. Italia suspendió durante un mes los acuerdos de libre circulación de Schengen con España y activó controles selectivos sobre ciudadanos no comunitarios procedentes de territorio español por vía aérea y marítima. Francia, por su parte, ordenó reforzar los controles en su frontera con España.
La crisis ha provocado una respuesta en cadena dentro de la Unión Europea, donde varios gobiernos temen que la presión migratoria sobre Ceuta pueda trasladarse al resto del continente. Un total de 22 de los 27 Estados miembros firmaron una carta reclamando una acción coordinada para proteger las fronteras exteriores.
Varios de ellos apuntaron directamente a la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Sánchez, a la que se han presentado 1,2 millones de solicitudes, como un factor de atracción para la inmigración ilegal.
Reunión urgente de ministros europeos
Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ha convocado una reunión extraordinaria por videoconferencia del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para este 4 de agosto. El encuentro estará presidido por el ministro irlandés de Justicia, Jim O’Callaghan.
Entre las opciones que se discutirán figuran la reintroducción de controles en las fronteras interiores y un papel reforzado de Frontex durante situaciones de emergencia. Las propuestas fueron examinadas previamente por los embajadores de los Estados miembros el 3 de agosto.
