Hace un mes, en una transmisión televisada, el dictador venezolano Nicolás Maduro recibió como regalo una maqueta a escala de «El Helicoide», una antigua construcción ubicada al oeste de Caracas que terminó convirtiéndose en uno de los principales centros de reclusión de presos políticos del régimen chavista.
El particular obsequio fue consignado a Maduro durante un acto de la Policía Nacional Bolivariana, el Jefe de Estado no escatimó en elogios al oscuro edificio que también sirve de sede al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). «Es una referencia moral. Les agradezco este regalo, este presente institucional que me dan, es muy significativo», dijo.
Por El Helicoide han pasado en los últimos años centenares de presos políticos; personas que por disentir del régimen han sido injustamente encarceladas y sometidas a procesos en los que el Estado de Derecho brilla por su ausencia.
Junto a las prisiones de «Ramo Verde» y «La Tumba» -también ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas- este edificio se ha instituido en una sucursal de la injusticia y las vejaciones chavistas, teniendo, además de calabozos, salas especialmente destinadas a la aplicación de modernos métodos de tortura para extraer confesiones amañadas sobre presuntas conspiraciones «terroristas» contra Miraflores.
En Venezuela las detenciones por motivos políticos son el pan de cada día. Así lo ha ratificado un informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) que salió a la luz el martes y que cifra en torno a 300 a los presos políticos en el país sudamericano.
«Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país. Ello, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos», señala el documento de AI.
Además, la organización internacional precisa que la dictadura encabezada por Maduro echa mano del «amedrentamiento», enfilando contra familiares de personas que considera adversarios políticos. Por tanto, han sido recurrentes las situaciones en las que personas cercanas a los disidentes son acosadas por los cuerpos represivos del Estado.
A propósito de los métodos utilizados para arremeter contra sus enemigos, IA precisa que la tiranía venezolana sigue ciertos patrones: ponen en marcha detenciones sin que haya órdenes judiciales previas o bien recurren a interpretaciones ambiguas de la ley en un contexto de absoluta falta de independencia judicial para llevar a personas a la cárcel. Ya detenidas, dichos individuos son sometidos a torturas físicas y psicológicas, e incluso lapsos prolongados de aislamiento e incomunicación.
La idea es construir un relato en el que el poder chavista se encuentra permanentemente bajo el asedio de distintas conspiraciones en donde participan civiles y militares, por lo que no extraña que la mayoría de las personas privadas de libertad por estos motivos terminen siendo acusadas de estar incursas en acciones «terroristas» que «atentan contra la patria».
Aunque eventualmente el chavismo permite excarcelaciones selectivas con miras a desocupar ciertas cárceles y dar una falsa sensación de relajamiento, la norma general es que a una liberación le sigue un nuevo encarcelamiento; un fenómeno que la ONG venezolana Foro Penal ha denominado el efecto «puerta giratoria» y que, a la hora de hacer la estadística, mantiene el número de presos oscilando entre los 240 y los 300.
El más reciente escándalo del régimen en este sentido fue protagonizado por un grupo de sindicalistas y trabajadores de organizaciones humanitarias en Venezuela -provenientes de agrupaciones de izquierda- que estaban detenidos desde el año pasado y fueron condenados a 16 años de cárcel. Todo ello por estar involucrados en una presunta «conspiración» contra Maduro. Para dictar sentencia los tribunales apenas emplearon capturas de pantalla y mensajes en redes sociales como elementos probatorios.
Otro caso emblemático es el de Javier Tarazona, también vinculado al trabajo humanitario a través de la ONG Fundaredes, dedicada a prestar apoyo a comunidades vulnerables en zonas fronterizas de Venezuela. Tarazona cumplió en julio dos años de haber sido detenido y fue imputado por «terrorismo» y «traición a la patria» tras denunciar los vínculos del Ejecutivo de Maduro con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Aunque actualmente el régimen chavista maniobra internacionalmente en negociaciones para dar pie a unas presidenciales el año próximo, el tema de los presos políticos venezolanos y su eventual liberación no ha salido a relucir de manera pública en dichos diálogos.
