En su regreso al poder Luiz Inácio Lula da Silva traza un camino de gobernabilidad que mezcla la injerencia en el ámbito de la cultura y el de la justicia. Las recientes acciones del Gobierno y varias decisiones judiciales evidencian una estrategia que entrelaza ambas áreas, delineando un escenario político en el que el presidente izquierdista echa mano de ellas para sostener su proyecto.
¿Financiamiento cultural o compra de apoyo?
En 2023, el Gobierno de Lula da Silva autorizó un valor récord para la captación de proyectos culturales a través de la llamada Ley Rouanet (uno de los principales mecanismos de financiamiento cultural en Brasil), alcanzando la cifra estratosférica de 16.500 millones de reales (cerca de 3.000 millones de euros). Este número, reportado por Poder360, no sólo eclipsa los aportes de los cuatro años anteriores bajo Jair Bolsonaro, sino que parece insinuar una estrategia de cooptación de la clase artística.
Con 10.676 proyectos aprobados para captación de recursos, principalmente en áreas como artes escénicas y música, emerge la sospecha de que el Ejecutivo de Lula está menos interesado en fomentar la cultura y más en comprar el apoyo y la influencia de artistas e intelectuales.
La controvertida decisión de Dias Toffoli
Simultáneamente, en los corredores del Poder Judicial, el ministro Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF) —un exabogado del Partido de los Trabajadores en tres campañas electorales— canceló una multa de 10.300 millones de reales (cerca de 2.000 millones de euros) contra la J&F, como fue destacado por el medio la Gazeta do Povo.
La decisión, que benefició a la empresa representada por la esposa de Toffoli, Roberta Rangel, plantea preocupantes cuestionamientos sobre la imparcialidad del Poder Judicial y los lazos intrincados entre la política y la justicia. Esta acción de Toffoli, que también dio acceso a la J&F a materiales de la Operación Spoofing, puede interpretarse como un ejemplo flagrante de cómo decisiones judiciales pueden estar siendo manipuladas para favorecer intereses políticos específicos.
La manipulación cultural y judicial en el Gobierno Lula como estrategia para gobernar
Estos dos eventos, aunque distintos, pintan un cuadro alarmante del modus operandi del Gobierno lulista. Por un lado, la generosa liberación de fondos vía Ley Rouanet parece ir más allá del incentivo cultural, sugiriendo un intento de asegurar el apoyo de la clase artística a través de un financiamiento que bordea el clientelismo. Esta estrategia de cooptación, en lugar de promover la diversidad e independencia artística, parece apuntar a la creación de una base de apoyo cultural que canta afinada con el Ejecutivo izquierdista.
Por otro lado, la actuación de Toffoli en el STF al anular la multa multimillonaria de la J&F revela una inquietante intersección entre la política y la justicia. La conexión de Toffoli con el PT y la abogacía de su esposa para la J&F son indicativos de que decisiones judiciales pueden estar siendo usadas para proteger aliados y fortalecer redes de poder.
Juntas, estas maniobras delinean un enfoque de gobernabilidad que plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia del actual Gobierno brasileño. Mientras que la Ley Rouanet se utiliza para construir un frente cultural alineado, decisiones judiciales controvertidas sugieren la existencia de una red de favorecimiento e influencia que trasciende la esfera cultural, afectando las mismas bases de la democracia brasileña.
