Perú sufre un agrave anomalía institucional por culpa de una izquierda que no deja paso a la legalidad. La Fiscalía de Perú emitió este domingo un comunicado respecto a los registros «vinculados a la investigación en contra de Dina Boluarte«, presidenta del país, donde se allanó su vivienda por un supuesto delito de enriquecimiento indebido.
«La diligencia, llevada a cabo en el domicilio, despacho y residencia presidencial, en Palacio de Gobierno, la noche del 29 y primeras horas del 30 de marzo de 2024, se realizó por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; por tanto, está descartada que nuestra intervención haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva», señaló la Fiscalía en una nota.
Asimismo, desde el ente público —controlado por izquierdistas— señalaron que el ingreso desproporcionado al domicilio de la presidenta se ejecutó después de tocar el intercomunicador y haber notificado las razones de la presencia fiscal y policial a Daniel Gómez Boluarte.
También ha negado su responsabilidad en la difusión de las imágenes del momento en que se produjo la entrada en la casa, alegando que no había miembros de la oficina de Imagen Institucional presentes en el lugar.
Al mismo tiempo, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra el periodista de investigación y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, por su intervención en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y su intromisión para que el fiscal Rafael Vela se mantenga frente al Equipo Especial Lava Jato. Supuestamente «diseñó» la investigación contra Keiko y otros dirigentes de la cúpula de Fuerza Popular por lavado de activos. Según distintas fuentes, se le dio cinco días para entregar su móvil, una decisión desproporcionada comparando con el registro a Boluarte. Tampoco se ordenó un registro de IDL-Reporteros.
La presidenta rechazó este sábado la entrada de la Fiscalía a su vivienda y al despacho presidencial, y denunció un «ataque y acoso sistemático». «La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva», manifestó en un mensaje a la nación.
