No parece haber mucha luz al final del túnel. Nunca faltarán quienes nieguen que los problemas de escasez de dólares, corridas y fuga de capitales en Bolivia constituyan un desafío al que solamente se puede responder con ajustes y reformas estructurales, y que prefieran pensar que se explican por factores únicamente coyunturales y fácilmente atajados con créditos internacionales de corto plazo en cuanto la Reserva Federal deje de subir tasas de interés.
No es problema ni es extraño que esto suceda. El ciclo económico tiene distintas fases emocionales por las que el público atraviesa, y una de ellas es la negación. Sin embargo, aunque el objetivo no es convencer a nadie de lo que sucede, seguir añadiendo elementos que permitan seguir midiendo el tamaño, magnitud e intensidad del desafío, siempre ayuda.
Esta semana Luis Arce Catacora ha estado nuevamente presente en la ONU para participar en un foro sobre el agua, y no ha desaprovechado el estrado para exigir –no pedir– por tercera vez consecutiva la condonación de la deuda externa de Bolivia. Lo ha hecho en cada oportunidad que ha tenido para hacerse escuchar con la Comunidad Internacional desde que ha asumido el mandato.
El argumento de Arce ha sido, nuevamente, que los problemas del país se deben al entorno internacional, que la culpa de la «policrisis» internacional es de los países más capitalizados, y que, por tanto, la pobre Bolivia debe ser indemnizada con la condonación de su deuda.
Si Arce tal vez hubiera planteado ante la ONU que el objetivo de obtener financiamiento es el de implementar reformas estructurales y no para rescatar su fallido y ruinoso modelo, habría mayor predisposición para que sea escuchado y consiga lo que pide, pero la sola idea de financiar al oscuro régimen plurinacional constituye ya no sólo un riesgo económico muy grande, sino también político para las instituciones multilaterales tradicionales y los países que las financian.
Peor todavía, el hecho de que Bolivia no haya condenado al régimen de Ortega por la violación de Derechos Humanos en Nicaragua, que no haya condenado la invasión de Rusia sobre Ucrania, o de que se encuentre alineada no solo con Cuba y Venezuela, sino además Rusia, China e Irán, o de que, finalmente, en otras palabras, sea un país enemigo de Occidente, hace que el FMI o el Banco Mundial simplemente miren hacia otro lado o planteen condiciones imposibles de asumir.
Hoy en día el Banco Mundial y el FMI no solo exigen las condiciones tradicionales de reducir el déficit fiscal, incrementar impuestos y devaluar la moneda nacional a cambio de su apoyo, sino también la firma de cláusulas para el respeto de los Derechos Humanos y de tratados multilaterales como el Common Reporting Standard (CRS) con la OCDE para el intercambio automático de información financiera y fiscal para evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Bolivia es uno de los muy pocos países en el mundo que no ha firmado estos acuerdos, y por eso tiene prácticamente imposible pisar las oficinas del FMI en Washington DC.
Es por eso que la publicación de un informe de Estados Unidos que llama la atención sobre la permanente y creciente violación de Derechos Humanos en Bolivia y el deterioro de la institucionalidad democrática, deba ser un elemento importante a ser considerado al momento de realizar análisis económicos prospectivos.
Peor todavía, el 16 de febrero, Rusia y Bolivia anunciaron que comenzarían a realizar intercambios comerciales denominados en monedas nacionales, lo cual va en línea con las conclusiones de las reuniones que esta semana hubo entre Xi Jinping y Vladimir Putin, como la de abordar una siguiente etapa en la implementación de una moneda común respaldada por oro físico, aunque sea parcialmente, con el objetivo de que el mundo vaya abandonando paulatinamente el dólar estadounidense como moneda internacional de reserva.
Se trate o no de una aspiración realista, Bolivia no hace bien en mendigar y rechazar dólares al mismo tiempo, mucho menos en colaborar con el conjunto de países que se consideran enemigos del Imperio Yankee. El régimen del MAS ha ido demasiado lejos.
Entonces, lo que resta es primero aceptar el hecho de que el gobierno de Arce ya no tiene manera de seguir estimulando la demanda porque se le ha caído el financiamiento. Ahora, la demanda que antes se encontraba estimulada con un dólar artificialmente barato, tiene que volver inevitablemente a sus niveles naturales anteriores al estímulo. Esta es la etapa de liquidación o ahorro forzoso, cuando la gente trata de deshacerse lo antes posible de esos activos que adquirió durante el auge y que ahora cada vez menos gente quiere o no puede darse el lujo de tener.
¿Especulación? No, es la realidad que llama a la puerta, y hay que encontrar las mejores maneras de asumirla mientras sea posible.
