El pasado domingo comenzó la campaña electoral en Portugal de unas elecciones que se celebrarán el próximo 10 de marzo y que estarán marcadas por el gran crecimiento de CHEGA, la formación aliada de VOX liderada por André Ventura.
Ventura ha manifestado que PS y PSD «llevan 50 años desgobernando» Portugal, y que ellos gobernarán por y para los portugueses. El candidato ha reiterado que el bipartidismo ha fallado a los portugueses durante el último medio siglo y ha pedido el voto: «Si me dan una oportunidad, transformaré Portugal en un país próspero en el que los jóvenes tengan futuro y no necesiten emigrar».
Así, promete encarcelar a todos los corruptos y aumentar las pensiones los mayores: «Les daremos la dignidad que se merecen». Según un sondeo publicado este lunes, CHEGA está en el 20,8% de intención de voto (55 escaños), AD lograría el 26,4% (70) y el PS el 26% (70).
El candidato socialista, Pedro Nuno Santos, ya afirmó que permitirá que la coalición Alianza Democrática (AD), formada por los socios del PP, gobierno en caso de que no gane los comicios «para que no dependa de CHEGA». «El Partido Socialista (PS) si no gana no presentará moción de rechazo ni posibilitará ninguna moción de rechazo», señaló. Su rival, Luis Montenegro (AD), no aclaró si, en caso de derrota, aceptará un gobierno minoritario del PS.
Montenegro —que agrupa en su coalición al Partido Social Demócrata (PSD), al CDS-Partido Popular (CDS-PP) y al Partido Popular Monárquico— se ha limitado a decir que intentará ganar las elecciones y que, como será difícil obtener una mayoría absoluta, negociará sus primeros presupuestos «con todos los partidos con representación parlamentaria», en particular con los socialistas, ya que es lo «sano y normal» en una democracia.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió disolver el Parlamento tras reunirse con el Consejo de Estado y representantes de los partidos en noviembre, dos días después de la dimisión presentada por el primer ministro, el socialista António Costa, tras conocer que estaba siendo investigado en el marco de una operación contra la corrupción. La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia investigan si Costa incurrió en un delito de tráfico de influencias ante las sospechas de que pudo desbloquear la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines.
