Los debates preliminares de cara a las elecciones del próximo 10 de marzo continuaron este lunes en Portugal. El más significativo fue el que se llevó a cabo en el canal RTP y enfrentó a André Ventura, líder del partido conservador CHEGA, y a Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata (aliado del PP) y cabeza de la coligación AD.
Luis Montenegro afirmó que no buscará ningún entendimiento con el partido conservador y señaló que los principios de su partido no coinciden con «opiniones racistas, xenófobas y demagogas». Además mostró su desacuerdo con el lenguaje utilizado por André Ventura para retratar la connivencia de su partido con la izquierda (llamó al PSD «prostituta de la política«).
Asimismo, se difundió un video del número dos de AD y líder del partido CDS-PP en el que afirmaba en una entrevista para CNN Portugal que permitiría un Gobierno del Partido Socialista en caso de que fueron los más votados. El líder socialdemócrata (PP) optó por no comentar nada sobre dicha opción, ya que —insistió— su objetivo es lograr una victoria con mayoría absoluta.
André Ventura se mostró dispuesto a dialogar con Aliança Democrática después de las elecciones del 10-M y reiteró que su objetivo es derrotar el socialismo y la corrupción en Portugal. Además, en cuanto a su afirmación sobre el PSD denunció que siga pegado a los socialistas, como en el caso reciente de Azores, donde ha intentado que el PS apruebe su gobierno en mayoría relativa.
El líder conservador consideró que la actitud de Montenegro es arrogante hacia los portugueses, algo que suele tener repercusiones negativas en el país, y denuncio que es «el idiota útil de la izquierda».
Respecto a la corrupción, tras el caso del PSD (partido liderado por Luis Montenegro) en Madeira, el líder de los socios del PP defendió que el problema de la lucha contra la corrupción «no es de la ley», sino de la necesidad de «establecer un dialogo directo con las fuerzas de seguridad (…) y establecer medidas».
En cambio, Ventura defendió y prometió medidas para aumentar las penas por corrupción y utilizar mecanismos de confiscación de bienes, tal como se ha hecho en Estados Unidos, ya que lo que «toca el corazón de las personas» es que corruptos «sigan viviendo en palacios o con grandes patrimonios».
