Miguel Albuquerque, actual presidente del Gobierno de Madeira y miembro del Partido Social Demócrata (PSD, aliado del PP), se ha visto envuelto en un proceso judicial que ha terminado en imputación formal por corrupción y que ha sacudido la actualidad política en Portugal a poco más de seis semanas de las elecciones generales del 10-M.
Las autoridades de la Policía Judiciaria portuguesa sostienen que el presidente está directamente implicado en casos de corrupción. Las pesquisas se centran en la presunta venta irregular de una propiedad al grupo empresarial Pestana.
Previamente fueron detenidos el presidente de la Cámara de Funchal y posible sucesor de Albuquerque, Pedro Calado, y dos destacados empresarios. Estos se encuentran bajo investigación por tres diligencias tras más de 130 registros llevados a cabo tanto en Madeira como en diversas localidades portuguesas.
Surgen indicios de la posibilidad de que el Gobierno regional, en colaboración con una empresa de construcción, simulara un conflicto aparente con el propósito de canalizar fondos por un total de 100 millones de euros hacia proyectos de obra pública. De forma paralela la investigación se extiende a presuntos respaldos a medios de comunicación, condicionando o evitando publicaciones que pudieran resultar perjudiciales para la imagen del Gobierno encabezado por Miguel Albuquerque.
El presidente del Gobierno Regional afirmó antes de su imputación que mantenía su conciencia tranquila y aseguró que no renunciaría al cargo incluso si era imputado. Además, expresó su disposición a colaborar de manera activa con las instancias judiciales. El líder de CHEGA, André Ventura, ha manifestado en la red social X que Miguel Albuquerque no puede escudarse en la inmunidad y debe dimitir por el bien de las instituciones.
Asimismo, el líder del Partido Social Demócrata, Luis Montenegro, ha reafirmado su confianza en Albuquerque, si bien ha recordado a los medios y a la opinión pública que nadie está exento de cumplir con la ley.
