La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú ordenó este martes la captura inmediata de la exprimera ministra Betssy Chávez tras declarar fundado el recurso de apelación del Ministerio Público por el delito de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Según indica el documento de dicha instancia, en esta medida no están incluidos los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta; sin embargo, ambos tendrán que cumplir medidas de comparecencia.
De acuerdo con la tesis fiscal, Chávez, Huerta y Sánchez habrían acordado junto al golpista Pedro Castillo y terceras personas disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia el pasado 7 de diciembre de 2022.
El pedido de prisión preventiva contra la expremier, solicitado por la Fiscalía, corresponde al peligro de fuga y obstaculización por no contar con arraigo domiciliario, laboral ni familiar.
Chávez permanecerá 18 meses en prisión mientras duren las investigaciones, en una situación similar a su exjefe, quien también cumple una medida similar tras fracasar en su intento de romper el orden constitucional.
Suspendida del cargo
El pleno del Congreso de la República aprobó el pasado miércoles 22 de marzo la denuncia constitucional en contra de la expremier Betssy Chávez, una de las más furibundas defensoras del comunista Pedro Castillo, por el golpe de Estado perpetrado por este último y que provocó su caída en desgracia tras 17 meses de desgobierno y escándalos de corrupción.
Con 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, se dio luz verde a la denuncia constitucional 328 que fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Seguidamente, se decidió suspender a Chávez de su cargo de congresista -el único cargo que mantuvo tras el golpe de Estado- mientras duren las investigaciones. Esto se aprobó con 66 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
El Congreso también la investiga por otros delitos
Cabe añadir que, con 21 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso peruano otorgó el pasado 7 de junio 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presente su informe final de la Denuncia Constitucional (DC) 355 contra Chávez por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
En este caso, Chávez es cuestionada por supuestamente favorecer a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado.
