Nicaragüenses radicados en Estados Unidos hacen cabildeo en Washington para aislar económicamente al régimen de Daniel Ortega. Gestionan la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), y sanciones al conglomerado de empresas del Ejército de Nicaragua, una de las instituciones que mantiene a Ortega en el poder.
Damaris Rostrán, coordinadora de la Mesa de Trabajo de New York y New Jersey, explicó que los esfuerzos están encaminados a acorralar a la dictadura de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción a través de la Ley Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), promulgada por el presidente estadounidense Joe Biden en noviembre de 2021 en el contexto de las elecciones en Nicaragua. Su grupo se ha dedicado a realizar cabildeo para denunciar al régimen desde 2018, y contribuyó a la aprobación de Renacer.
“El objetivo número uno es acabar con la dictadura”, refiere la activista. Rostrán cree que las acciones económicas contra el régimen sandinista contribuirán a sacar a Ortega, que lleva 26 años en el poder, 11 durante la primera dictadura (1979-1990) y 15 años consecutivos desde que retornó al poder el sandinismo en 2007. Es el sexto periodo de Ortega, y el cuarto consecutivo.
Nicaragua goza de los beneficios que otorga el DR-Cafta. La mayoría de las exportaciones de República Dominicana y Centroamérica hacia Estados Unidos obtienen exoneraciones de impuestos, y la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones. De esos beneficios gozan las empresas del régimen y sus aliados, algo que para Rostrán debe terminar. “Los mayores beneficiados del DR-Cafta son las empresas de la dictadura, el DR-Cafta no está beneficiando al pueblo de Nicaragua. Beneficia más a la dictadura y sus secuaces”, afirmó.
Ante ese escenario, la Mesa de Trabajo gestiona la aplicación de Renacer al pie de la letra. Y es que la Ley establece regulaciones a cumplir para tener acceso a los privilegios del Tratado de Libre Comercio, y en ese sentido urge a la Administración Biden examinar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta, debido a las prácticas antidemocráticas del régimen y la corrupción.
Al mismo tiempo, la legislación solicita al Gobierno de Estados Unidos un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en Nicaragua, “incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés).
El principal socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos. El reporte más reciente del Buró de Análisis Económico, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (BEA), confirma que 2021 fue un año récord en las exportaciones desde Nicaragua hacia ese país, al sumar 4,651.3 millones de dólares. Cifra que supera incluso a los años previos a la pandemia, según datos de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), publicados en su portal digital.
Entre las razones que contribuyeron al crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos en 2021, se señalan el incremento en los precios internacionales en la mayoría de los commodities y el repunte económico en la economía estadounidense, que en el último trimestre del 2021 registró un incremento del 6.9% en su Producto Interno Bruto (PIB). Mucho mayor que el 2.3% en el trimestre anterior.
“Estamos detrás de eso y de la suspensión del [tratado de libre comercio EEUU, Centroamérica y República Dominicana] DR-Cafta. No tiene sentido que sigamos alimentado una relación comercial cuando el beneficiado mayor no es el pueblo sino la dictadura”, aseveró Rostrán. La activista estima que la próxima ronda de sanciones podría ser en mayo. Unos 40 funcionarios del régimen, entre ellos la esposa e hijos de Ortega, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
En relación al Ejército de Nicaragua, Rostrán dijo que las gestiones están dirigidas a sancionar incluyan al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el organismo a cargo del conglomerado de empresas del Ejército que maneja con sigilo los multimillonarios fondos del cuerpo castrense. EL IPSM “es donde se maneja el dinero del Ejército, en buena parte es el dinero de la dictadura”, dijo Rostrán. El IPSM posee inversiones millonarias en empresas urbanizadoras, construcción, bienes raíces, financieras, seguros, servicios de seguridad, en la bolsa de valores de Nueva York, turismo, supermercados, servicios médicos, y universidades.
La oposición ha denunciado que los negocios de los Ortega-Murillo obtenidos al amparo del poder han sido trasladados al Ejército para evadir las sanciones.
