El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, deslizó esta semana la propuesta de promover una ley en la Asamblea Nacional de Venezuela –manejada por el régimen.- que permitirá inhabilitar de por vida a determinados opositores para optar a cargos de elección popular. Según el también vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la imposición de la drástica medida posibilitará sancionar a quienes “atenten contra la patria” o se pongan al margen de la Constitución.
“La inhabilitación por toda la vida para aquellos que atenten contra la patria, la inhabilitación por toda la vida para aquellos que atenten contra los niños y niñas, eso lo puede hacer esta Constitución. Yo estoy trabajando una Ley ahí, ojalá podamos presentarla pronto”, apuntó
El elemento novedoso en este caso sería la introducción del carácter perpetuo de dicha sanción, ya que en el pasado reciente el régimen venezolano ha echado mano una y otra vez de la figura de la inhabilitación política para apartar del camino a oponentes electorales y escoger a adversarios convenientes en distintos comicios.
En los últimos 15 años se recuerdan casos de inhabilitación para presentar candidaturas como los de los líderes opositores María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López, entre otros. Algunas de esas sanciones han prescrito en el tiempo y otras se mantienen vigentes, como la que fue impuesta recientemente al propio Juan Guaidó -hasta hace poco designado transitoriamente como presidente interino del país-, quien en teoría está impedido legalmente para concurrir como candidato a cualquier cargo público.
Las inhabilitaciones políticas -instrumentalizadas por la Contraloría General de Venezuela- y el sistema electoral fraudulento han sido dos de las principales argucias utilizadas primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro para consolidar el proyecto de poder autoritario que encarna el chavismo en la nación suramericana.
Mientras el primer mecanismo ha servido para sacar del medio a rivales políticos de peso y preseleccionar a los oponentes “válidos” para el régimen, el segundo ha coronado la estafa con un registro electoral pleno de irregularidades (dobles cedulados y fallecidos que votan, por ejemplo) que hace que, como en los casinos, sea siempre la casa quien tiene todas las de ganar.
Esta propuesta se produce en medio de una escalada de Cabello en contra de la disidencia en Venezuela. Vale recordar que en días previos el dirigente chavista promovió una ley dentro del Parlamento controlado por el régimen con miras a escudriñar en los mecanismos de financiamiento que emplean más de 60 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en el país. Tentativa que, de plano, se observa como la intención clara de cercar el trabajo que estos organismos llevan a cabo.
Ya se ha aplicado en la Nicaragua de Ortega
La iniciativa planteada al voleo por el número dos del chavismo esta semana no es nueva dentro de los regímenes que hacen vida en la región. Ya en Nicaragua el tirano Daniel Ortega ha echado adelante una modalidad similar, en la que un grupo de disidentes han sido despojados de sus derechos políticos de por vida.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado reiteradamente que una de las nuevas formas represivas que está empleando el régimen es justamente la de conculcarle perpetuamente la posibilidad de presentarse a cargos de elección popular a 14 presos políticos; todo ello bajo la sanción de “pérdida perpetua de derechos ciudadanos”. El Cenidh ha insistido además en que esta decisión contraviene el propio ordenamiento jurídico fraguado por el sandinismo, que en ninguna parte contempla que un individuo pueda estar sujeto a perder estos derechos de forma vitalicia.
Pero hay más. Justamente Ortega decidió esta semana enviar de forma abrupta a 200 presos políticos a territorio estadounidense, dejándolos en libertad. Sin embargo, la concesión dada por el dictador centroamericano entraña nuevos abusos. Una de las oprobiosas condiciones que se ha impuesto a los ahora excarcelados es la de retirarles la nacionalidad.
Los antiguos presos políticos fueron desterrados de su país de origen por considerarse que contribuyeron a “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. En tal sentido el Poder Legislativo, controlado por Ortega, decidió prácticamente de inmediato reformular la Constitución del país para declararles “traidores a la patria”, dejándoles en la condición de parias.
El asunto es claro: Venezuela y Nicaragua se dan la mano a la hora de procurar mecanismos para arrinconar a la disidencia, siendo que estos pueden ir desde la confiscación de los derechos políticos de la misma, hasta la supresión del gentilicio de quien ose declararse como opositor al régimen.
