El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de febrero una resolución en respuesta a la muerte en prisión de Julio Obama Mefuman, opositor ecuatoguineano de nacionalidad española. Obama había sido cabo en la Legión Española y era miembro del partido político MLGE3R, que se opone al régimen de Teodoro Obiang.
El MLGE3R denunció en su día a la Justicia española el secuestro en Sudán del Sur de Obama y otros tres opositores, incluido un segundo ciudadano y exmilitar español, Feliciano Efa Mangue. Según el régimen de Obiang, los opositores fueron extraditados para ser juzgados por terrorismo, aunque la diferencia entre el secuestro y una extradición en Sudán del Sur es, sospecho, pura semántica, como la que existe entre «terrorista» y «opositor» en Guinea Ecuatorial.
La del octogenario Obiang es una dictadura pragmática y discreta. Quienes conocen el carácter de los ecuatoguineanos piensan que, sin un gobierno fuerte, el país caería en una guerra civil, y muchos ven en la actual cleptocracia el precio por evitarlo.
Allí, la ley es el capricho del presidente y, en los últimos años, el de su vicepresidente e hijo, Teodorín. No hay Poder Judicial independiente. Los cargos contra opositores son fabricados y los jueces emiten la sentencia que el gobierno les dicta. Sin embargo, con cada opositor muerto el régimen debe afrontar, incómodo, el aluvión de condenas internacionales.
Cuando el mes pasado trascendió la muerte de Julio Obama, el Gobierno ecuatoguineano no tardó en emitir un comunicado lamentando su fallecimiento por causas naturales. Teodorín Obiang pretendió acallar sospechas tuiteando las numerosas comorbilidades que supuestamente recoge el parte médico de Obama y que, según la versión gubernamental, provocaron su muerte. De nada serviría explicarle al vicepresidente ecuatoguineano conceptos extraños como la protección de datos o el derecho a la intimidad, si es que el parte médico es auténtico. La Eurocámara lo duda, de ahí que reclame la repatriación del cadáver a España, al igual que el juez español que lleva el caso, Santiago Pedraz.
Quienes conocen una cárcel ecuatoguineana no dudan de que las condiciones de insalubridad y el trato animal que se dispensa en ellas bastan para hacer sucumbir a cualquiera. El MLGE3R está convencido de que Obama murió a consecuencia de las torturas infligidas por las autoridades, y añaden que el óbito tuvo lugar, en última instancia, como represalia cuando se hizo pública la investigación de la Audiencia Nacional.
Las pesquisas de la Policía española habían concluido que los cuatro opositores fueron trasladados contra su voluntad a Guinea en una aeronave presidencial. Para nuestra Policía, estos delitos son crímenes de lesa humanidad porque se enmarcan en una persecución sistemática, afirmación que no pilla a nadie por sorpresa. El secuestro de opositores en el exilio es una práctica institucionalizada: el régimen no quiere a críticos diciendo cosas inconvenientes fuera; los prefieren silenciados en casa, así que los engañan para regresar al continente africano, donde son secuestrados.
El responsable, según la Policía, es otro hijo del dictador, Carmelo, que es además jefe del servicio de seguridad exterior de Guinea Ecuatorial. Está casado con una española y hace años que vive en Marbella. El 10 de diciembre de 2022, Pedraz ordena su arresto, pero el día 29 decide revocar su orden, levantar el secreto de sumario y notificar la querella a los investigados para que puedan procurarse una defensa legal. Por supuesto, Carmelo huye de España, y lo siguiente que se conoce es la muerte de Julio Obama.
Durante el debate en la Eurocámara, el parlamentario de VOX Hermann Tertsch se preguntaba qué había pasado para que el juez cambiase sorpresivamente su criterio, lo que facilitó la huida de Carmelo Obiang. El Gobierno de España, imagino, respira aliviado porque en el último momento se haya evitado un choque de trenes. La separación de poderes es un concepto alienígena en Guinea y las actuaciones de un magistrado español se entienden como un ataque de nuestro gobierno. Y quienes pagan el pato son los ciudadanos e intereses españoles en el país africano.
Los españoles afincados allí saben cuándo el régimen está de morros con España por cómo varía el trato que les brindan la policía y los militares. Son conscientes de que son rehenes del régimen y lo sobrellevan con entereza, aunque no les abandona el miedo a represalias mayores. Saben que están desamparados, pues los ecuatoguineanos torean a las autoridades consulares españolas como quieren. Precisamente a Julio Obama Mefuman y a Feliciano Efa Mangue, denuncia el Europarlamento en su resolución, les fue denegada la asistencia consular.
No se puede culpar a África por ser África. En ese sentido, la resolución, aprobada unánimemente, es estéril. Hermann Tertsch y VOX Europa intentaron abordar el problema desde otro ángulo: ¿dónde ha estado el Gobierno de España todo este tiempo? ¿Por qué la diplomacia española ha sido incapaz de obtener la liberación inmediata de sus ciudadanos, secuestrados hace más de dos años, y ni tan siquiera de impedir la muerte de uno de ellos en prisión? ¿Cómo es que se ha tolerado que el jefe de los espías guineanos viviera y dirigiese desde suelo español una red que secuestraba a nuestros ciudadanos para ser torturados en cárceles africanas?
Españoles residentes en Guinea Ecuatorial recuerdan que la única vez que el gobierno de allá se atrevió a tocar a un ciudadano estadounidense, Washington se encargó por los medios oportunos de disciplinar al régimen. Ningún estadounidense ha vuelto a ser detenido o molestado. Tampoco ningún francés, a pesar de que un tribunal galo llegó incluso a condenar in absentia al vicepresidente Teodorín por blanqueo de capitales. Pero Francia y Estados Unidos proyectan fuerza, que, nos dicen, es lo único que entienden y respetan allí.
Nuestra política exterior pivota desde hace años sobre la idea del buenismo, de esa Alianza de Civilizaciones que solo ha servido para enriquecer pingüemente a algún gerifalte socialista mientras países como Guinea Ecuatorial o Marruecos se crecían contra nosotros. Esa política tiene, además, su reflejo internamente: por ejemplo, con respecto al separatismo catalán. La responsabilidad es de PSOE y PP, que han instituido y mantenido, según sus usos y costumbres, la debilidad como política de Estado, cuando la debilidad solo invita a la agresión.
Los españoles merecemos un Gobierno y un Estado que proyecten fortaleza dentro y fuera de nuestras fronteras. Hasta entonces, mucho me temo que continuaremos en manos de regímenes como el de Obiang, para que sigan explorando a nuestra costa los límites de la humillación.
