El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) del Perú, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública y evaluar el sistema penitenciario implementado por el presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con el portal oficial Andina, el Gobierno peruano autorizó el viaje de Arana a la ciudad de San Salvador del 21 al 24 de febrero de 2024 «para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública».
Asimismo, se detalla que Arana participará en diversas actividades organizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano, esto como parte de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 establecida por el sector.
«Dicho intercambio de experiencias afianzará la labor funcional en el sistema de Justicia, como parte de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, la misma que establece la necesidad de fortalecer la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con la implementación de mecanismos de control e inteligencia, mediante el uso de recursos y equipos tecnológicos, y de coordinación interinstitucional entre el sistema penitenciario y las entidades vinculadas con la administración de justicia», señala la resolución.
Realidad logística
En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, precisó que el viaje del titular de Justicia tiene como propósito evaluar la realidad logística de las cárceles implementadas por Bukele, con la perspectiva de que puedan ser replicadas en el Perú, país sometido al crimen trasnacional y cuyos establecimientos penitenciarios se encuentran hacinados.
«Ha sido enviado, efectivamente, para ver la realidad de la logística carcelaria en este país, que, a ojos vista, no solamente se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente, para que acudan, sobre todo, presos más violentos y los más peligrosos», indicó.
En esa línea, Otárola recordó que el Perú tiene una sobrepoblación carcelaria de casi 100.000 presos, y la mitad de ellos no tiene sentencia, una situación que preocupa al Ejecutivo, pues se tiene evidencias de que los principales cabecillas de las organizaciones criminales continúan cometiendo crímenes y dirigiendo sus operaciones ilegales desde prisión.
«Nos preocupan mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir utilizando desde la prisión dirigiendo mensajes y/o organizaciones criminales para la extorsión. Entonces ese es el objetivo del ministro de Justicia», advirtió.
