Tras cinco aƱos de las protestas de abril de 2018, que el rĆ©gimen de Daniel Ortega desmanteló a sangre y fuego, persiste la crisis en Nicaragua y por ahora no se vislumbra una salida que lleve al fin de la dictadura sandinista, con una parte de la oposición en el exilio ā entre ellos los liberados en febrero junto a los siete precandidatos presidenciales ā, y la otra en Nicaragua, neutralizada por la ola represiva del rĆ©gimen que gobierna a travĆ©s de la polĆtica del terror.
Estados Unidos apuesta que con la salida de los disidentes liberados se logre la unidad del bloque opositor, un esfuerzo hasta ahora infructuoso debido a intereses personales y la presencia de sectores del sandinismo ortodoxo que gobernó con Daniel Ortega durante la primera dictadura sandinista, que pretende ignorar los asesinatos, crĆmenes de lesa humanidad, torturas, cĆ”rcel, exilio y expropiaciones cometidas en esa Ć©poca.
Este último grupo hoy se atribuye la representatividad de la oposición ante la comunidad internacional; algo que genera desconfianza y rechazo de la población que no apoya al sandinismo por los abusos a los derechos humanos cometidos en la década de 1980.
Las dos dictaduras sandinistas han mantenido el mismo comportamiento de abusos en contra de los nicaragüenses. Sus lĆderes se han enriquecido al amparo del cargo pĆŗblico.
Tras el retorno al poder en 2007, Ortega ha logrado consolidar su dictadura a travĆ©s del apoyo incondicional de la PolicĆa Nacional a cargo de su consuegro, el comisionado general Francisco DĆaz, que enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos; y el respaldo del EjĆ©rcito a cargo del general Julio CĆ©sar AvilĆ©s, sancionado por Estados Unidos por negarse a desmantelar los grupos paramilitares organizados por Ortega, en clara a la violación a la Constitución de la RepĆŗblica y en complicidad con el dictador.
Cuestionado liderazgo
El sandinismo disidente se opone a Ortega, pero no a su ideologĆa sandinista, cuyo origen se inspiró en el marxismo-leninismo y ese es otro de los factores que genera desconfianza en la población. El apoyo de sectores que se identifican como ādemócratasā y āliberalesā, que argumentan que la lucha es contra la dictadura de Ortega, y que las diferencias ideológicas se resolverĆ”n una vez que caiga la dictadura, tampoco ha tenido receptividad en la población.
Estos sectores de la izquierda ārevolucionariaā que buscan llegar al poder, interesados en la continuidad del sandinismo, cuentan tambiĆ©n con el apoyo de la izquierda europea, de algunos paĆses de AmĆ©rica Latina, sectores en Washington vinculados al Partido Demócrata y hasta algunos republicanos.
Pese a ese apoyo y a la baterĆa mediĆ”tica con la que cuenta el llamado sandinismo disidente que ubica a sus representantes como los ālĆderesā de la oposición, tampoco terminan de convencer a buena parte de los nicaragüenses, y fragmenta mĆ”s a la nación que no quiere la continuidad del sandinismo despuĆ©s de 40 aƱos de destrucción de las familias y de una nación que fue prospera antes de la llegada del FSLN al poder, en tiempos que gobernó el rĆ©gimen somocista. Esa situación termina favoreciendo al rĆ©gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Otro aspecto que genera desconfianza es que el principal operador entre el llamado āsandinismo oficialista y el sandinismo no orteguistaā, es el hermano de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega, que aboga por el āaterrizaje suaveā del rĆ©gimen de su hermano y la ācohabitaciónā, una prĆ”ctica de āperdón y olvidoā a la que se acostumbró el sandinismo: āmatar y perdonarā a travĆ©s de amnistĆas.
El exjefe del EjĆ©rcito, radicado en Costa Rica, es seƱalado de crĆmenes de lesa humanidad por casos como el operativo militar conocido como la Navidad Roja, en 1983. Fue el desalojo de 42 comunidades indĆgenas miskitas. Un caso en el que tambiĆ©n estarĆan involucrados miembros de Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), cuyos fundadores gobernaron con Ortega durante el primer rĆ©gimen sandinista, entre ellos, el comandante de la revolución, miembro la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), viceministro del Interior, y fundador de la tenebrosa Seguridad del Estado, Luis Carrión Cruz, a quien se le ha observado en Washington representando a la oposición.
En la operación de la Navidad Roja, el Ejército expulsó a mÔs de ocho mil miskitos, quemó sus casas y sus cultivos, hubo desapariciones forzadas y fusilamientos, asà lo reveló en un testimonio en Boston el padre José Wolf, sacerdote estadounidense que trabajaba con los miskitos.
āEse 23 de diciembre de 1981, fui testigo ocular del desaparecimiento de 23 personas, y para no dejar huellas los fusilaron en el rĆo Coco, el cual es fronterizo con Honduras: quisieron ocultar al pueblo esa verdad que estĆ” allĆ y nadie ha pagado por esa masacreā.
āDespuĆ©s de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el rĆo y los familiares a recuperar los cadĆ”veres para darles cristiana sepulturaā, revelan documentos de la Biblioteca del desaparecido expresidente Enrique BolaƱos.
De acuerdo con reportes periodĆsticos de la Ć©poca, un total de 35 personas fueron ejecutadas y enterradas en una fosa comĆŗn. El EjĆ©rcito atribuyó a la āContraā – el grupo irregular integrado por campesinos que luchaban contra el rĆ©gimen sandinista – el ataque y a soldados miskitos. Aunque la cifra de crĆmenes contra los miskitos se estima que es mayor.
Otros de los implicados son el ex vicepresidente Sergio RamĆrez Mercado y Daniel Ortega Saavedra, que aprobaron la Ley de AmnistĆa nĆŗmero 42, para āperdonarseā los crĆmenes cometidos por el rĆ©gimen contra los miskitos a quienes acusaban de apoyar a la āContra.
La Ley es considerada una burla porque precisamente fue para āperdonarā a las vĆctimas y no a los victimarios, autores de la masacre. Es la misma estrategia que nuevamente empleó Daniel Ortega con la ley de AmnistĆa aprobada en 2019, tras las protestas de abril, con la que āperdonóā y liberó a centenares de presos polĆticos.
Las protestas de abril dejaron mĆ”s de 355 muertos por la represión del rĆ©gimen de Ortega, centenares de presos polĆticos sometidos a crueles torturas, mĆ”s de 2 mil heridos, y provocó el exilio de miles de nicaragüenses.
āSe concede amnistĆa a todos los ciudadanos nicaragüenses que, con motivo de los sucesos ocurridos en la ribera del RĆo Coco, o de cualquier otro suceso que se haya vivido en Zelaya Norte desde el primero de diciembre de 1981 a la fecha y se hayan visto involucrados en hechos delictivos como consecuencia de la situación de agresiónā, dice la Ley de AmnistĆa aprobada en 1983, por Daniel Ortega, Sergio RamĆrez Mercado y Rafael Córdoba Rivas.
Encubrimiento
Al sandinismo no le conviene perder el poder. Siempre van a encubrir los crĆmenes cometidos en la dĆ©cada de 1980. El llamado sandinismo disidente identifica al rĆ©gimen de su excamarada como āorteguismoā, en un intento por tomar distancia y busca que solo sean investigados los crĆmenes cometidos durante el periodo del Gobierno actual, que Ortega usurpa.
La mayorĆa de los medios vinculados al sandinismo disidente no hablan de los crĆmenes de la primera dictadura: es un tema vetado. El objetivo serĆa olvidar ese oscuro pasado, que miles de familias de asesinados, desaparecidos, expropiados y en el exilio, no olvidan.
Los excamaradas de Ortega apuestan por la continuidad o el ārescateā del sandinismo, la imposición de la llamada agenda globalista y la ideologĆa de gĆ©nero que promueve la izquierda, que cada vez toma auge en una región gobernada en la mayorĆa de paĆses por el socialismo.
Sin embargo, pese a la influencia del sandinismo, Nicaragua sigue siendo un paĆs con profundas raĆces religiosas.
La otra parte que contribuye a que el sandinismo avance en su agenda, la creación de oenegĆ©s en el exterior, la captación de fondos de organismos y de gobiernos, es la falta de organización de sectores del antisandinismo, que han sido infiltrados por operadores del sandinismo. Lo cierto es que, cinco aƱos despuĆ©s de la masacre de abril, ningĆŗn grupo puede atribuirse el liderazgo de la oposición en el paĆs centroamericano.