Tras cinco años de las protestas de abril de 2018, que el régimen de Daniel Ortega desmanteló a sangre y fuego, persiste la crisis en Nicaragua y por ahora no se vislumbra una salida que lleve al fin de la dictadura sandinista, con una parte de la oposición en el exilio — entre ellos los liberados en febrero junto a los siete precandidatos presidenciales —, y la otra en Nicaragua, neutralizada por la ola represiva del régimen que gobierna a través de la política del terror.
Estados Unidos apuesta que con la salida de los disidentes liberados se logre la unidad del bloque opositor, un esfuerzo hasta ahora infructuoso debido a intereses personales y la presencia de sectores del sandinismo ortodoxo que gobernó con Daniel Ortega durante la primera dictadura sandinista, que pretende ignorar los asesinatos, crímenes de lesa humanidad, torturas, cárcel, exilio y expropiaciones cometidas en esa época.
Este último grupo hoy se atribuye la representatividad de la oposición ante la comunidad internacional; algo que genera desconfianza y rechazo de la población que no apoya al sandinismo por los abusos a los derechos humanos cometidos en la década de 1980.
Las dos dictaduras sandinistas han mantenido el mismo comportamiento de abusos en contra de los nicaragüenses. Sus líderes se han enriquecido al amparo del cargo público.
Tras el retorno al poder en 2007, Ortega ha logrado consolidar su dictadura a través del apoyo incondicional de la Policía Nacional a cargo de su consuegro, el comisionado general Francisco Díaz, que enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos; y el respaldo del Ejército a cargo del general Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos por negarse a desmantelar los grupos paramilitares organizados por Ortega, en clara a la violación a la Constitución de la República y en complicidad con el dictador.
Cuestionado liderazgo
El sandinismo disidente se opone a Ortega, pero no a su ideología sandinista, cuyo origen se inspiró en el marxismo-leninismo y ese es otro de los factores que genera desconfianza en la población. El apoyo de sectores que se identifican como “demócratas” y “liberales”, que argumentan que la lucha es contra la dictadura de Ortega, y que las diferencias ideológicas se resolverán una vez que caiga la dictadura, tampoco ha tenido receptividad en la población.
Estos sectores de la izquierda “revolucionaria” que buscan llegar al poder, interesados en la continuidad del sandinismo, cuentan también con el apoyo de la izquierda europea, de algunos países de América Latina, sectores en Washington vinculados al Partido Demócrata y hasta algunos republicanos.
Pese a ese apoyo y a la batería mediática con la que cuenta el llamado sandinismo disidente que ubica a sus representantes como los “líderes” de la oposición, tampoco terminan de convencer a buena parte de los nicaragüenses, y fragmenta más a la nación que no quiere la continuidad del sandinismo después de 40 años de destrucción de las familias y de una nación que fue prospera antes de la llegada del FSLN al poder, en tiempos que gobernó el régimen somocista. Esa situación termina favoreciendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Otro aspecto que genera desconfianza es que el principal operador entre el llamado “sandinismo oficialista y el sandinismo no orteguista”, es el hermano de Daniel Ortega, el general en retiro Humberto Ortega, que aboga por el “aterrizaje suave” del régimen de su hermano y la “cohabitación”, una práctica de “perdón y olvido” a la que se acostumbró el sandinismo: “matar y perdonar” a través de amnistías.
El exjefe del Ejército, radicado en Costa Rica, es señalado de crímenes de lesa humanidad por casos como el operativo militar conocido como la Navidad Roja, en 1983. Fue el desalojo de 42 comunidades indígenas miskitas. Un caso en el que también estarían involucrados miembros de Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), cuyos fundadores gobernaron con Ortega durante el primer régimen sandinista, entre ellos, el comandante de la revolución, miembro la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), viceministro del Interior, y fundador de la tenebrosa Seguridad del Estado, Luis Carrión Cruz, a quien se le ha observado en Washington representando a la oposición.
En la operación de la Navidad Roja, el Ejército expulsó a más de ocho mil miskitos, quemó sus casas y sus cultivos, hubo desapariciones forzadas y fusilamientos, así lo reveló en un testimonio en Boston el padre José Wolf, sacerdote estadounidense que trabajaba con los miskitos.
“Ese 23 de diciembre de 1981, fui testigo ocular del desaparecimiento de 23 personas, y para no dejar huellas los fusilaron en el río Coco, el cual es fronterizo con Honduras: quisieron ocultar al pueblo esa verdad que está allí y nadie ha pagado por esa masacre”.
“Después de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el río y los familiares a recuperar los cadáveres para darles cristiana sepultura”, revelan documentos de la Biblioteca del desaparecido expresidente Enrique Bolaños.
De acuerdo con reportes periodísticos de la época, un total de 35 personas fueron ejecutadas y enterradas en una fosa común. El Ejército atribuyó a la “Contra” – el grupo irregular integrado por campesinos que luchaban contra el régimen sandinista – el ataque y a soldados miskitos. Aunque la cifra de crímenes contra los miskitos se estima que es mayor.
Otros de los implicados son el ex vicepresidente Sergio Ramírez Mercado y Daniel Ortega Saavedra, que aprobaron la Ley de Amnistía número 42, para “perdonarse” los crímenes cometidos por el régimen contra los miskitos a quienes acusaban de apoyar a la “Contra.
La Ley es considerada una burla porque precisamente fue para “perdonar” a las víctimas y no a los victimarios, autores de la masacre. Es la misma estrategia que nuevamente empleó Daniel Ortega con la ley de Amnistía aprobada en 2019, tras las protestas de abril, con la que “perdonó” y liberó a centenares de presos políticos.
Las protestas de abril dejaron más de 355 muertos por la represión del régimen de Ortega, centenares de presos políticos sometidos a crueles torturas, más de 2 mil heridos, y provocó el exilio de miles de nicaragüenses.
“Se concede amnistía a todos los ciudadanos nicaragüenses que, con motivo de los sucesos ocurridos en la ribera del Río Coco, o de cualquier otro suceso que se haya vivido en Zelaya Norte desde el primero de diciembre de 1981 a la fecha y se hayan visto involucrados en hechos delictivos como consecuencia de la situación de agresión”, dice la Ley de Amnistía aprobada en 1983, por Daniel Ortega, Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdoba Rivas.
Encubrimiento
Al sandinismo no le conviene perder el poder. Siempre van a encubrir los crímenes cometidos en la década de 1980. El llamado sandinismo disidente identifica al régimen de su excamarada como “orteguismo”, en un intento por tomar distancia y busca que solo sean investigados los crímenes cometidos durante el periodo del Gobierno actual, que Ortega usurpa.
La mayoría de los medios vinculados al sandinismo disidente no hablan de los crímenes de la primera dictadura: es un tema vetado. El objetivo sería olvidar ese oscuro pasado, que miles de familias de asesinados, desaparecidos, expropiados y en el exilio, no olvidan.
Los excamaradas de Ortega apuestan por la continuidad o el “rescate” del sandinismo, la imposición de la llamada agenda globalista y la ideología de género que promueve la izquierda, que cada vez toma auge en una región gobernada en la mayoría de países por el socialismo.
Sin embargo, pese a la influencia del sandinismo, Nicaragua sigue siendo un país con profundas raíces religiosas.
La otra parte que contribuye a que el sandinismo avance en su agenda, la creación de oenegés en el exterior, la captación de fondos de organismos y de gobiernos, es la falta de organización de sectores del antisandinismo, que han sido infiltrados por operadores del sandinismo. Lo cierto es que, cinco años después de la masacre de abril, ningún grupo puede atribuirse el liderazgo de la oposición en el país centroamericano.
