«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
de simpatizantes del expresidente de Evo Morales

El Tribunal Electoral de Bolivia pospone al 15 de diciembre las elecciones judiciales por las marchas previstas

Bandera de Bolivia. Maksim Konstantinov

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha decidido posponer al 15 de diciembre la celebración de las elecciones judiciales que estaban previstas para el 1 de diciembre, debido a las marchas de simpatizantes del expresidente de Evo Morales, que han bloqueado varias carreteras en el país.

«Quiero informar que la Sala Plena ha dispuesto hoy reprogramar el día de la jornada electoral para el próximo domingo 15 de diciembre debido al grado de conflictividad que vive el país, debido a las dificultades de logística que no nos permite desplegarnos en todo el territorio nacional», ha declarado el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe en declaraciones a la cadena de televisión boliviana Unitel.

Según el calendario electoral este viernes debía realizarse el sorteo de los juradores electorales, si bien el tribunal va «a modificar y cambiar todo» y «de aquí a dos semanas se realizará el sorteo de jurados y la contratación de notarios». «Requerimos contar con un clima de paz para garantizar el derecho al sufragio en todo el territorio nacional», ha agregado.

De hecho, el presidente del país, Luis Arce, exigió en la víspera a Morales y sus simpatizantes que levantaran los bloqueos de cara a un «diálogo», puesto que «las medidas de presión están estrangulando la economía de las familias bolivianas«. De lo contrario, amenazó con ejercer «sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano».

El Gobierno de Bolivia anunció a finales de enero un «gran diálogo nacional» para consensuar las elecciones judiciales con «urgencia y lo más pronto posible», después de que la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresara su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, remarcando que la ausencia de acuerdos políticos ha provocado la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales, amenazando la independencia e imparcialidad de la justicia.

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