La justicia chilena investiga si una mujer que vive en Miramar, localidad bonaerense de la Argentina, es en realidad Bernarda Rosalba Vera Contardo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y profesora de educación básica, que fue dada por fusilada en 1973 a los 27 años tras el golpe militar de Augusto Pinochet.
El caso ha sacudido a Chile, donde Vera figura en los archivos del Museo de la Memoria como fusilada el 10 de octubre de 1973 en el Puente Toltén, y en el Informe Rettig como detenida y desaparecida. Sin embargo, investigaciones periodísticas de Chilevisión difundidas en septiembre han mostrado a una mujer de 79 años en Miramar con un DNI argentino que coincide en fecha de nacimiento con Vera —4 de febrero— aunque con diferencia de tres años.
Según este reportaje, un hijo de la mujer, Maximiliano, reconoció fuera de cámara que su madre es Bernarda Vera, aunque ella misma evitó dar declaraciones y se limitó a esquivar a los periodistas a la entrada de su casa.
Bernarda Vera fue detenida el 10 de octubre de 1973 en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Lagos, durante una operación militar contra obreros y militantes de izquierda. A su familia le comunicaron que había sido condenada a muerte por su supuesta participación en un asalto al retén de Neltume. Sin embargo, testimonios recogidos por antiguos militantes del MIR sostienen que la joven habría logrado escapar a la Argentina en medio de la persecución, atravesando la cordillera tras sobrevivir en los bosques.
Un exmilitante del MIR, José Manuel Bravo, relató en su libro De Carranco a Carrán cómo un grupo, entre ellos una mujer apodada «Anita», logró huir hacia Argentina. La identidad de esa «Anita» coincide con la de Vera. Años más tarde, fuentes suecas confirmaron que en 1978 una mujer con su perfil llegó a Suecia junto a su esposo argentino y un hijo, recibiendo visado y permiso de residencia. Regresaría a Argentina en 1999.
El hallazgo periodístico ha forzado a la justicia chilena a abrir una nueva investigación por parte del juez de derechos humanos Álvaro Mesa. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, pidió «cautela» y recordó que aún no hay certeza absoluta de que la mujer en Miramar sea efectivamente Vera, aunque admitió que los indicios son «plausibles».
La polémica también salpica al Gobierno de Gabriel Boric, cuyo Plan Nacional de Búsqueda busca esclarecer la suerte de las 1.162 personas desaparecidas durante la dictadura. Un excoordinador del plan acusó al ministro Cordero de haber demorado la entrega de información a los tribunales.
El caso de Bernarda Vera, que durante décadas simbolizó a las víctimas de la represión, se ha transformado en un enigma histórico y político que hoy vuelve a interpelar a Chile: ¿fue realmente fusilada en 1973 o logró sobrevivir y rehacer su vida en el extranjero? Parece que ocurrió lo segundo.
