Una de las grandes consecuencias que han dejado las recientes elecciones en Portugal, las terceras en apenas tres años, ha sido la posibilidad de poder modificar la Constitución sin contar con el visto bueno del Partido Socialista, el gran derrotado de estas legislativas. Por primera vez, los partidos de la derecha portuguesa cuentan con dos tercios de los diputados de la Asamblea.
En este contexto, el primero en plantear la posibilidad de modificar la Constitución fue Iniciativa Liberal (IL). Su líder, Rui Rocha, ha adelantado al presidente Marcelo Rebelo de Sousa durante las conversaciones para formar gobierno la intención del partido de presentar una propuesta, que ya venía incluida en su programa electoral. «La Constitución de la República Portuguesa, redactada en 1976, necesita ser mejorada, simplificada y adaptada a la modernidad», dicen los liberales, que aspiran a una menor presencia del Estado en la economía del país.
Los detractores la Constitución han sostenido que es necesario «modernizar» un Estado y lento burocráticamente para hacer frente a los grandes desafíos de este siglo. Así, han planteado impulsar una reducción del número de diputados, o una reforma electoral, o de la justicia. Asimismo, Iniciativa Liberal propone desde el reconocimiento de la propiedad privada como derecho fundamental, a una mayor fiscalización de los partidos con el fin de las exenciones fiscales.
Por otro lado, el partido CHEGA, en su reforma política presentada en la pasada legislatura, apuesta por acabar con la inmunidad parlamentaria de los diputados siempre que no sea incompatible con sus funciones, o aumentar los periodos de inhabilitación.
