Los hechos del 8 de enero pasado, en donde un grupo de manifestantes ocuparon la sede de los Tres Poderes en Brasilia, han servido al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva para desatar una andanada contra sus detractores, calificándolos -en el mejor de los casos- como un club de locos con los que simplemente no hay que transigir de ninguna manera.
Uno de los aspectos en los que se ha enfocado Lula apenas al llegar al poder ha sido definitivamente en reescribir la historia de Brasil durante los últimos años y dar pie a una especie de policía del pensamiento que vigile muy de cerca los flujos y la naturaleza de las informaciones que se divulgarán en el país sudamericano de cara al futuro.
Así el mandatario se ha empeñado recientemente, por ejemplo, en insistir en que Dilma Rousseff -destituida por el Senado en 2016 por corrupción- fue sacada del poder mediante un golpe de Estado, al tiempo que ha descalificado todas las investigaciones que en su momento se hicieron para develar la gigantesca trama del Lava Jato, donde él mismo salió salpicado.
Esta guerra por implantar una verdad oficial tomó un nuevo vuelo cuando, al jurar nuevamente como presidente en enero pasado, el también líder del Partido de los Trabajadores (PT) asomó la creación de nada más y nada menos que una Fiscalía Nacional para la Defensa de la Democracia. Un órgano supuestamente encargado de combatir las noticias falsas, impedir que se propaguen informaciones tendenciosas y eventualmente castigar a quienes lo hagan. Es decir, un ente encargado -como en la literatura distópica de toda la vida- de decir qué es verdad y qué es mentira.
La nueva Fiscalía caza-mentiras de Lula ha causado revuelo dentro de Brasil, en un contexto en el que al menos hasta ahora no existe soporte jurídico sólido para catalogar qué es y qué no es “desinformación”, lo cual dejaría un amplio margen a la discrecionalidad de quienes pretenden castigar a los insidiosos desinformadores.
Así las cosas, la Fiscalía General de Brasil terminó redactando un concepto para este término, que no es que ate muchos cabos: «Mentira intencionada voluntaria con la intención de perjudicar el orden público». Una definición que claramente apunta a establecer medidas de control social ante una población que, cada vez que reclame derechos o se levante contra algún abuso de poder, podría estar caminando al filo de la navaja entre lo que la Ley considera verdadero o falso, legítimo o no.
Como apunta el medio Infobae, por fortuna las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Un grupo de disidentes encabezados por el exjuez Sergio Moro -quien lideró hace años las pesquisas que destaparon la gigantesca trama del Lava Jato- han centrado sus esfuerzos en promover una Ley que disuelva la recién creada Fiscalía Nacional para la Defensa de la Democracia. Moro, junto a diputados como José Mendonca y Eduardo Girao, han basado su accionar en el hecho de que la “desinformación” no está claramente definida en la legislación brasileña, y que el término es lo suficientemente amplio como para desatar una verdadera cacería de brujas contra quienes adversen al lulismo.
Los temores de Moro y compañía no son infundados. En el pasado reciente el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ha dado claras señas de no querer dar cabida alguna a los puntos de vista de quienes respalden al expresidente Jair Bolsonaro. Este magistrado, que ha devenido en los últimos tiempos en un juez todopoderoso en Brasil, ya dio señas de sus intenciones cuando en plena campaña sacó adelante una resolución que impedía catalogar como “corrupto” o “expresidiario” al entonces candidato Lula da Silva, o más aún cuando en un evento en Portugal aseveró que “son necesarios nuevos mecanismos para regular las redes sociales”.
De igual modo, de Moraes ha encabezado iniciativas que han derivado en la suspensión de canales de información en Telegran o Youtube, así como cuentas en Instagram o Twitter de políticos, influencers y periodistas que cuestionan las políticas de Lula.
Así, el caso de Brasil y las tentativas de Lula traen a la mesa el tema de lo importante que son los flujos de información libre para el sostenimiento de cualquier democracia. Más aún en un contexto en el que el país sudamericano alberga, de acuerdo a cifras extraídas del último censo poblacional, a 216 millones de usuarios de internet, convirtiéndose en el quinto mercado más grande del mundo en cuanto a usuarios de redes sociales y en donde incluso existen, en promedio, más móviles que habitantes (118 aparatos por cada 100 brasileños).
