Hay una frase apócrifa atribuida a Hayek que dice: “La libertad no se pierde de golpe, sino a tajadas, como se corta un salami”. Si la autoría de la oración es incierta, la verdad contenida en ella sigue siendo verdadera.
Siempre que se restringen las libertades, las justificaciones siempre se disfrazan de buenas intenciones. Las limitaciones a la libertad de expresión en Brasil se han justificado con bellas intenciones como: “combatir las noticias falsas”, “combatir los discursos de odio”; “lucha contra las manifestaciones antidemocráticas”. El problema de todo esto es la definición de quién será la persona, el parámetro y la regla para medir quién hace esas “cosas terribles” mencionadas anteriormente.
Si un periodista llama al actual presidente Lula da Silva “corrupto”, “exconvicto”, “ladrón”, ¿sería libertad de expresión o discurso de odio (o fake news)? ¿Es el cuestionamiento de las medidas tomadas por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes la libertad de expresión o un vil intento de abolir el “estado de derecho y las instituciones”? ¿Hacer un acto simbólico con la cabeza ensangrentada del expresidente Jair Bolsonaro y jugar al fútbol con ella es “libertad artística” o “discurso del odio”? Todo esto parece muy subjetivo según las directrices políticas de quien escribe un texto o de un juez que dicta una sentencia. De ahí el peligro de estas nuevas formas de limitar la libertad de expresión.
A continuación se explican 3 ejes de persecución contra influencers, periodistas y periódicos de derecha: a través del poder judicial; de una nueva burocracia estatal; y las grandes tecnológicas. Todos luchando contra el mismo espectro político.
-A principios de enero, el ministro del STF, Alexandre de Moraes, ordenó suspender las cuentas de los periodistas Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza y Rodrigo Constantino. Los periodistas están acusados de difundir “discursos de odio y antidemocráticos”. La encuesta es confidencial, inconstitucional y forma parte de los notorias “Inquéritos das fake news”. El libro “Inquérito do fim do mundo” (publicado en 2020) muestra todo tipo de ilegalidades en estos procesos judiciales, como que un juez sea a la vez víctima, investigador y juez, entre otras aberraciones. La obra está firmada por reconocidos juristas, jueces y fiscales como Claudia Piovezen, Ludmila Lins Grilo, Marcelo Rocha Monteiro, Cleber Tavares de Oliveira y otros.
Volviendo a esta nueva ola de persecución contra estos periodistas, hay que recordar que a Rodrigo Constantino (quien vive en USA) incluso le cancelaron el pasaporte y su suerte es que ya tiene la ciudadanía americana. Todo esto a través de medidas preliminares, sin una decisión de los tribunales inferiores y a través del activismo judicial.
-Otra novedad de la censura es que la Abogacía General de la Unión (AGU) creó el “Grupo Especial de Defensa de la Democracia (GEDD) para monitorear a los manifestantes anti-Lula en las últimas protestas. Este organismo tendrá nuevas facultades para: romper el secreto bancario, fiscal y telefónico y adoptar medidas cautelares, según un informe del diario Brasil Sem Medo. Es decir, este organismo dice que su función es defender la democracia y el Estado de Derecho, pero su acción concreta va en sentido contrario. De hecho, parece una especie de “Stasi brasileña”.
-Y, por último, no debemos olvidar que las Big Tech favorecen a los influencers de izquierda y se oponen a los influencers de derecha. Revista Oeste fue vetada de transmitir en YouTube por 15 días desde el 10 de enero. El canal de Youtube del diario Brasil Sem Medo lleva dos meses sin poder transmitir. El Ministerio Público Federal también inició un proceso judicial para investigar a Joven Pan por supuesta difusión de “noticias falsas”. La decisión se tomó el 9 de enero, según Brasil Sem Medo. Coincidentemente, todos los medios de comunicación y los periodistas censurados son de derecha y contrarios al PT.
Por lo tanto, la escalada del autoritarismo en Brasil ha ido en aumento. Y bajo el pretexto de combatir las supuestas “noticias falsas”, cada vez más periodistas en el país ven cada vez más limitado el ejercicio de su profesión. Un aspecto aún más triste de esta historia es que varios periódicos de medios tradicionales legitiman acciones de persecución bajo el pretexto de “defender la democracia”.
