El Congreso de Perú ha enviado un mensaje contundente a la región y al mundo: la soberanía no se negocia. Este jueves, por unanimidad, la Cámara reiteró la declaración de persona ‘non grata’ contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que este acusara a Lima de «copar un territorio que es de Colombia» en una disputa fronteriza sobre la isla amazónica de Santa Rosa.
La moción parlamentaria señala que Petro ha incurrido en «actos que desconocen y atentan contra la soberanía territorial» del país, y exige al Ministerio de Exteriores trasladar esta posición a Bogotá y a la comunidad internacional mediante una nota diplomática.
No es la primera vez que el mandatario colombiano recibe este rechazo: en 2023 ya fue declarado persona no grata por sus ataques contra la presidenta Dina Boluarte y su Gobierno. Ahora, el Congreso vuelve a alzar la voz frente a lo que considera una injerencia inaceptable en los asuntos internos peruanos y una amenaza directa a su integridad territorial.
El origen de la disputa está en la decisión del Gobierno peruano de elevar a municipio el distrito de Santa Rosa, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Petro denunció esa decisión como una «anexión» y acusó a Lima de ocupar territorio colombiano, lo que provocó la enérgica protesta diplomática de Perú.
A pesar de que los cancilleres de ambos países —Rosa Villavicencio por Colombia y Elmer Schialer por Perú— intentaron rebajar las tensiones en la cumbre amazónica celebrada en Bogotá, confirmando incluso la reunión de la comisión mixta bilateral en septiembre, el Congreso peruano ha dejado claro que no permitirá ambigüedades en la defensa de su soberanía, dado que Petro, junto a políticos de su partido, incluso han teñido dicha disputa de tintes belicistas.
Durante su polémica visita a España en 2023, Gustavo Petro fue cultivado con honores por PSOE y PP, como si fuera un aliado intocable. Fue aplaudido en el Congreso, recibió la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde Martínez‑Almeida (PP) y fue investido con el Collar de la Orden de Isabel la Católica junto a varios miembros de su Gobierno, en un gesto que diversos sectores calificaron de «blanqueamiento político» de un mandatario cuestionado públicamente por sus vínculos con el M‑19.
El contraste es evidente: un Parlamento peruano unido frente a la injerencia extranjera, y una clase política española que que aplaude, condecora y exhibe a un presidente conocidos por su filiación a movimientos terroristas.
