Presidentes izquierdistas –a ambos lados del Atlántico– han condenado el asalto sin armas de manifestantes brasileños a las sedes de los tres poderes, un episodio del que se desvinculó el expresidente Jair Bolsonaro, que recordó que durante su mandato cumplió la Constitución, y respetó «las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad», y que ha motivado la expulsión del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su supuesta inacción y «connivencia» con la protesta.
Así, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el mismo que alentó la violencia izquierdista del 18-O, reivindicó las «demandas» de dichas revueltas –que condujeron a un proceso constituyente en el país– y es líder de un Ejecutivo que, en palabras de su portavoz, Camila Vallejo, ha reconocido ahora el incumplimiento de los requisitos marcados para conceder el indulto a los asaltantes en dicho «estallido social», ha hablado de «cobarde y vil ataque a la democracia». En este sentido, en una comparecencia pública junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, ha agregado que «no puede haber matices» en la condena.
El propio Petro ha mostrado también su «solidaridad» con Lula da Silva. «El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución», ha afirmado un dirigente que no tuvo reparos en convocar a los colombianos contra el Gobierno de Iván Duque y que el pasado mes de diciembre liberó a decenas de individuos presos por diversos delitos en el violento paro nacional de 2021.
Además, ante el autogolpe de hace poco más de un mes de Pedro Castillo en Perú –anunciando la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la eventual convocatoria de un congreso constituyente– afirmó que el ya expresidente izquierdista «fue arrinconado desde el primer día por ser profesor de la Sierra y presidente por elección popular». «El Congreso ya había decidido destituirle sin respetar la voluntad popular», añadió.
Por su parte, el mexicano Andrés Manuel López Obrador ha firmado un comunicado junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el que se reafirma el apoyo al Gobierno de Lula «mientras salvaguarda sus instituciones democráticas» y se condena «los ataques del 8 de enero contra la democracia y el traspaso pacífico de poderes en Brasil». Esta posición de AMLO contrasta ahora con la que tuvo ante el autogolpe de Castillo. «Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra«, agregó entonces.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no se ha quedado atrás y ha trasladado también su respaldo al presidente de Brasil, Lula da Silva, y «a las instituciones elegidas por el pueblo brasileño». Es el líder del partido que fletó autobuses en 2019 para protestar contra su salida del Gobierno andaluz tras décadas en él, amparó los «Rodea el Congreso» alentados por la formación (Podemos) con la que conforma el Gobierno de España o indultó a los condenados por el 1-O –y ha derogado el delito de sedición y ha rebajado el de malversación– para que sus socios separatistas puedan repetir de forma impune el golpe de 2017.