El régimen de Daniel Ortega ha desatado una cacería contra las oenegés, cancelando la personería jurídica de 440 organismos de este tipo y dejándolos en la ilegalidad. Aunque la cacería inicio en 2018, tras el estallido social que movió los cimientos de la dictadura, la mayoría han sido descabezadas a partir de 2021 y en lo que va del 2022, con el argumento de que “incumplieron” la Ley al no registrarse como “agentes extranjeros”.
El dictador teme que los fondos externos pudieran ser utilizados para derrocar su dictadura. La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada por la Asamblea Nacional – dominada por el sandinismo – a finales de 2020, y obliga a las oenegés a registrarse como “agentes extranjeros”, rendir cuentas e inhibe a los directivos a participar en política. El propósito de fondo es simple: controlar los recursos externos que reciben las oenegés.
Ortega ‘pasa cuentas’ a excamaradas
Buena parte de esos organismos pertenecen a la disidencia sandinista, muchos de ellos incluso gobernaron con Ortega durante el primer régimen del tirano, entre 1979 y 1990. Uno de esos ejemplos es la Fundación Popol Na, propiedad de la excomandante guerrillera y exdiputada sandinista Mónica Baltodano, cuya oficina funcionaba en una propiedad “confiscada” por el régimen sandinista en los 80, que pertenecía al exdiputado conservador Germán Saborío.
Baltodano es recordada por haber defendido a Ortega cuando fue denunciado por abuso sexual por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo en 1998. Años más tarde, Baltodano, se distanció de su excamarada.
Christiam Martínez, nicaragüense exiliado sostiene que el fin de Ortega es cerrar las llaves a las oenegés y evitar que los “sandinistas no orteguistas reciban financiamiento”. A su juicio, es una “pasada de cuentas” del tirano contra sus excamaradas.
Como se ha mencionado, muchas de esas oenegés fueron fundadas durante el primer régimen sandinista, otras luego de que el Frente Sandinista perdió el poder en las elecciones de 1990 fueron creadas por exfuncionarios de esa dictadura y tuvieron auge durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). Muchas de ellas se convirtieron en un modo de vida de exaltos funcionarios sandinistas.
Pero otras organizaciones también resultaron perjudicadas por las acciones del régimen de Ortega, como la Academia Nicaragüense de la Lengua, que tenía 94 años de funcionamiento y estaba dedicada al estudio de la lengua y el cultivo de las letras nicaragüenses. Igualmente, la Fundación Enrique Bolaños, el expresidente de Nicaragua que gobernó de 2002-2007, que creó la biblioteca virtual que lleva el nombre del exmandatario que, desde su fundación en 2011, estaba dedicada a la investigación, recopilación y divulgación de los hechos históricos en Nicaragua.
“El 90% son oenegés del sandinismo disidente, y el 10% creería son organismos como la Biblioteca del expresidente Enrique Bolaños. La mayoría son sandinistas no orteguistas. Hay muchos directores de estas oenegés que viven de la manera más fácil que les permite viajar y vivir muy bien. El propósito de Ortega es quitarles los recursos a sus examigos, y también eliminar a cualquiera que les ponga en evidencia de todas las atrocidades que han cometido, como es el caso de la biblioteca virtual Enrique Bolaños, que ofrece información y hechos históricos reales tal y cómo ocurrieron”, asegura un activista político de Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido opositor a quien el régimen le canceló la personería jurídica, que prefiere no ser identificado por razones de seguridad.
El régimen de Ortega también ha cancelado la personería jurídica a organizaciones estadounidenses y la Unión Europea. Sobre el tema, la periodista Yelba López, sostiene que el propósito de Ortega es debilitar la sociedad civil y mantener el “bozal”.
“Ortega considera que la ayuda que reciben las oenegés es para derrocarlo”, dijo la comunicadora.
La ley es parte del paquete de leyes represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobadas a finales de 2020, un año antes de las fraudulentas elecciones en las que Ortega se adjudicó un nuevo periodo de mandato, que de concretarse hasta el final llevaría a Ortega al privilegio de haber gobernado el país centroamericano por más de tres décadas.
El régimen justifica la medida que coarta la libertad de asociación, argumentando que no cumplieron con «en el registro de Agentes Extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros». Otra de las justificaciones es que “violaron” la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley Contra el Lavado de Activos.
Un régimen despótico
Entretanto, Veintidós exjefes de Estado miembros del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) condenó el cierre de las asociaciones y aseguran que esas acciones “confirman la profundización despótica y totalitaria del régimen Ortega-Murillo. Y destacamos, además, la arbitraria clausura de la fundación del fallecido expresidente democrático Enrique Bolaños Geyer (1928-2021), creadora de una biblioteca virtual encargada de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses”. “Demás está señalar que regímenes como el señalado, más que temor a la protesta se lo tienen a la memoria histórica, que buscan borrar para reescribirla, dejando a sus pueblos en la orfandad y así manipularles”, dice la declaración de los exmandatarios.
