Después de la que probablemente ha sido la campaña más sucia y, seguro, una de las más costosas, Gustavo Petro Urrego ha sido elegido nuevo presidente de la república con el 50,44% de los votos. 11.281.013 votos frente a los 10.580.412 (47,3%) que obtuvo Rodolfo Hernández, su contrincante, le dieron una amplia ventaja y un triunfo contundente.
Por primera vez en la historia de Colombia asumirá la jefatura del Estado un dirigente político de izquierda que, en su caso, además, fue también integrante de la guerrilla del M-19, movimiento que se desmovilizó en 1989 y logró llegar a ser la segunda fuerza política del país, presidiendo en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente. Petro fue representante de la Cámara entre 1991 y 1994, diplomático en Bélgica entre 1994 y 1997, y de nuevo representante entre 1998 y 2006, cuando fue elegido senador hasta 2010. Ese año aspiró por primera vez a la Presidencia de la República. Entre 2012 y 2015 fue alcalde mayor de la ciudad de Bogotá y en 2018 volvió a ser candidato presidencial. Al perder la segunda vuelta frente a Iván Duque, ocupó el escaño que le correspondía en el senado y en 2021 logró consolidar un nuevo movimiento político que denominó ‘Pacto Histórico‘.
En las elecciones parlamentarias del pasado 13 de marzo logró la más alta votación en el senado y en la cámara de representantes, recuperando 700 mil votos entre el preconteo y el escrutinio, algo nunca antes visto. Ese mismo día se realizaron las consultas interpartidistas, en las que tres coaliciones definieron sus candidaturas únicas a la presidencia: el Pacto Histórico, que consolidó la fórmula de Petro como candidato a la Presidencia con Francia Márquez –quien resultó segunda en la consulta como candidata del partido Polo Democrático— como candidata a la vicepresidencia; el Equipo por Colombia, que eligió a Federico Gutiérrez; y la coalición de Centro Esperanza, que definió acompañar a Sergio Fajardo.
Todo parecía indicar que en la primera vuelta resultarían primero y segundo Petro y Gutiérrez, respectivamente, pues este último tenía todo el respaldo de la actual coalición de Gobierno y del jefe del estado. Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, un candidato independiente que hacía alarde de tener una fortuna de 100 millones de dólares y de poder financiar su campaña sin recibir aportes y sin acuerdos con la clase política, sorpresivamente quedó en segundo lugar y anunció que no buscaría alianzas con los “politiqueros”, refiriéndose a los representantes de los partidos políticos más importantes de Colombia.
A partir de ese momento, la campaña de Petro intensificó sus denuncias en contra de Hernández y, a su vez, sectores que acompañaban a Hernández empezaron a filtrar material audiovisual que comprometía a la campaña del Pacto Histórico en una estrategia que incluía no solo ataques personales, sino acuerdos con facciones cuyos líderes están presos y apoyos indirectos por parte de empresarios. El escándalo se conoció como los “petrovideos”, pero no logro hacer mella en el auge de la candidatura petrista.
La combinación de todas las formas de lucha estaba andando y funcionó como un reloj suizo. Las guerrillas y los carteles, presuntamente, se encargaron de presionar electores en zonas donde no hay presencia estatal y muchas facciones tradicionales se alinearon con Petro, esperanzados en que no los excluya de la repartija que vendrá. La victoria de Petro no es el resultado de una campaña de algunos meses. Es un proceso que tomó décadas y que se dio en el marco de Gobiernos que rechazaban a la izquierda en el discurso, pero la promovían desde las políticas públicas, temerosos siempre de promover las tesis que ganaban en las urnas y presos del clientelismo, que sigue siendo el sistema político colombiano.
El presidente Duque, además, no logró conectar con la opinión pública y le dio la espalda a la política colombiana que, como en cualquier sociedad, tiene sus reglas. Asumió, desde la soberbia que lo caracterizó en estos cuatro años, una posición acrítica de lo que acontecía en Colombia y se dedicó en los últimos meses a enfrentar a Petro, llegando al absurdo de afirmar, en una entrevista con la BBC, que “si pudiera presentarme, estaría en la pelea y sería reelegido”. La campaña de Petro jugó la misma carta que había demostrado ser exitosa en la primera vuelta en contra de Federico Gutiérrez, ahora en contra de Hernández: mostrarlo como el candidato del continuismo, de Uribe y de Duque, hoy los políticos con la peor imagen, al decir de las últimas encuestas. Los resultados electorales validan lo efectiva que fue.
Petro ha sido claro desde el principio: habrá más gasto público, más burocracia, mayor regulación, un cambio del 180% en la política exterior, se frenará la exploración petrolera y se dará inició a la “conversión energética” para poner fin a la explotación carbonífera. Nunca ha ocultado su programa o sus intenciones. Será un Gobierno revolucionario porque eso le propuso al pueblo colombiano y se depositaron en las urnas más de once millones de votos que hará valer al momento de imponer su voluntad, tal como lo hizo como alcalde de Bogotá.
Colombia siempre ha sido la joya de la corona para la izquierda latinoamericana. Celebran sin duda los presidentes de Chile y Perú, cuya luna de miel se esfumó y hoy enfrentan el rechazo mayoritario de la opinión pública; celebra Maduro, que le ganó el pulso a Duque; celebra Fernández en la Argentina, ahogado como está en la peor inflación del siglo XXI y celebra Díaz-Canel en La Habana. Petro hizo un llamado a la reconciliación, pero a la vez pidió a la fiscalía liberar a los jóvenes detenidos por los actos violentos y los delitos que cometieron en el marco del paro nacional. Olvidó en ese instante que en Colombia la Fiscalía hace parte de la rama judicial y, por lo tanto, no está sometida al ejecutivo. Si así se procede desde el Gobierno, el camino ya está trazado y la democracia liberal en riesgo.
