Este 20 de julio Gustavo Petro encabezó las celebraciones del Día de la Independencia en Colombia, precedido por nutridas manifestaciones de veteranos y reservistas de las Fuerzas Armadas que el miércoles tomaron las calles de varias ciudades del país para expresar su rechazo a la deriva que ha tomado el actual Gobierno.
Este jueves se dio inicio, también, a un nuevo período de sesiones del Parlamento colombiano, donde al Ejecutivo izquierdista le aguardan duras batallas para tratar de hacer avanzar las reformas que el líder del Pacto Histórico convirtió en el centro de su campaña electoral el año pasado.
Petro, que prácticamente prometió a los colombianos que iba a recomponer el país a partir de cambios estructurales en cada uno de los órdenes de la sociedad, hasta ahora se ha quedado corto de recursos para lograr los apoyos necesarios dentro del Legislativo bicameral de la nación sudamericana.
Un conjunto de escándalos que han involucrado tanto al equipo de confianza del propio presidente como a miembros de su círculo familiar, pasando por una tirante relación con formaciones políticas que en un principio entraron en la coalición de Gobierno y luego se distanciaron de la misma, han caracterizado una tambaleante gestión que el mes próximo cumplirá su primer año.
Para constatar cómo se ha ido apagado la estrella de Petro sólo basta hurgar un poco en los sondeos que mes a mes han ido midiendo su popularidad: el ex integrante del terrorista M19 arribó a la Casa de Nariño en 2022 con una popularidad que se aproximaba al 60%. Ahora bien, si se revisan las demoscópicas más recientes, el mandatario exhibe en ellas índices de rechazo superiores al 60%.
Hasta ahora el estatus de las reformas de Petro es el siguiente: la política y laboral fueron rechazadas de plano en la legislatura anterior, mientras que la de salud y la de pensiones sólo lograron avanzar en su primera discusión, por cuanto les aguarda un espinado camino por delante.
Esto, tanto más si se tiene en cuenta que el alejamiento de Petro de formaciones como los históricos Partido Liberal y Partido Conservador o el Partido de la U, suponen un duro plomo en el ala a la hora de buscar sumar votos afirmativos para dichas medidas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
En la Cámara, cuyo quorum es de 188 representantes, Petro tiene control directo sobre sólo 69 de ellos. 81 entran en el grupo de los «independientes» y 38 directamente están adscritos a la oposición.
En el Senado la cosa pinta aún peor para el Ejecutivo izquierdista, en tanto que el Pacto Histórico y sus aliados incondicionales sólo totalizan 40 escaños, quedando la mayoría restante dividida entre militantes de formaciones que son de oposición, o bien se declaran «independientes» frente al Gobierno.
Aparentemente la única alternativa para Petro a esta altura es bajar el tono e intentar conciliar con las distintas facciones políticas que tienen representatividad en el Legislativo. Sin embargo, el ya mencionado desgaste de su tren de Gobierno -al que esta semana se ha unido la renuncia de la ministra de Minas y Energía, en medio de un escándalo por supuesto abuso de poder- así como la natural tendencia de Petro a tomar la vía de la confrontación debido a su perfil radical, hacen difícil pensar en un escenario armónico que le permita sacar fácilmente adelante sus anheladas reformas.
Esto supone una piedra de tranca a la principal promesa electoral de Petro: la de encausar cambios profundos en todos los ámbitos de la vida de los colombianos a través del camino parlamentario. Ello no hace sino dejar abierta las preguntas: ¿Impedido de ejecutar dicho programa de Gobierno optará el líder izquierdista por atizar la confrontación con todo aquel que se oponga a su Gobierno? ¿Tomará entonces el mandatario colombiano la vía de la radicalización definitiva, quizá incluso enarbolando un proyecto constituyente que le permita saltarse la tediosa negociación parlamentaria para así sacar adelante sus caprichos?
