La crisis penitenciaria ha llegado a tal punto en Ecuador que fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. Con armamento pesado y cubiertos de la cabeza a los pies, los uniformados irrumpieron en las principales penitenciarías de la nación sudamericana para poner orden. Esto después de una serie de masacres entre reclusos que incluyeron hasta cabezas decapitadas colgadas en las rejas de las cárceles.
Sólo en la Penitenciaría del Litoral, la más peligrosa del país, se contabilizaron 31 cadáveres en la última masacre que duró del 22 al 25 de julio. Esto ronda el 15% del saldo total de los últimos dos años. «El control lo tienen las mafias, lo demás es para las fotos», lamentó uno de los guardias de la penitencia del litoral para la prensa local.
Ya son más de 220 reclusos que han perdido la vida de forma violenta desde el 2021. Dado que Ecuador no tiene Poder Legislativo al momento, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto ejecutivo que permite el uso de las Fuerzas Armadas para controlar la crisis carcelaria. Hace apenas semanas Lasso declaró la muerte cruzada, una herramienta constitucional que faculta al mandatario para adelantar elecciones presidenciales, lo que acorta su periodo, y suspende las funciones legislativas hasta el siguiente sufragio; que en este caso se celebrará el 20 de agosto de 2023.
Los perfiles en redes sociales de las Fuerzas Armadas muestran a unos uniformados enérgicos contra el crimen organizado. Las imágenes son similares a las de El Salvador, gobernado actualmente por Nayib Bukele. Aparecen reclusos desvestidos y con las manos sobre la cabeza.
Aquellos que se jactan de ser defensores de Derechos Humanos, entre ellos Guillermo Lasso, cuestionaron duramente al presidente centroamericano por su dureza contra el crimen organizado después de que Bukele anunciara que limitaría los alimentos de los reclusos. Lasso alegó que a éstos no se le pueden coartar los derechos humanos.
Frente a lo cual recibió una contundente respuesta por parte de su par salvadoreño. Durante la primera parte de su gestión, Lasso emitió la campaña del «Ecuador del encuentro». Esto chocaba con un discurso de mano dura. Pero ahora que el Ecuador vive el periodo más violento de su historia, empezó a emularlo, al menos en algunas de sus ejecutorias.
El punto de inflexión del presidente pareciera haber tenido espacio luego del asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, que pereció junto a la gran futbolista Ariana Chancay. Ella estaba saludando en un acto oficial al ahora fallecido burgomaestre Agustín Intriago, quien dejó atrás una viuda y dos huérfanos.
Aunque esto sucedió en la provincia de Manabí, la crisis se vive en todas las provincias. Lasso anunció que abasteció a la provincia de Esmeraldas con 1.600 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, quienes intervinieron los puntos de conflicto. En el primer día, tras firmar el decreto, hubo 120 operativos. En total, los uniformados detuvieron a 9 miembros de peligrosas organizaciones criminales, y decomisaron más de 500 municiones y explosivos.
Ya que en este momento Lasso puede emitir decretos sin la resistencia de los legisladores, tiene la oportunidad de barrer con la delincuencia antes de irse. No obstante, se enfrenta a la Corte Constitucional, que ya ha emitido dictámenes no favorables a sus intenciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional emitió dictamen no favorable a los decretos-ley sobre créditos educativos y compañías insolventes. El pronunciamiento se dio el pasado viernes.
De cara a las elecciones presidenciales (y legislativas) del 2023, al candidato que aspire al poder en Ecuador le conviene ofrecer a una salida de la violencia. En sentido contrario uno de los aspirantes a la vicepresidencia del país, el correísta Andrés Arauz, hizo un comentario que perjudica a su binomio presidencial, pues anunció que promueve el uso de charla con los malhechores. La incomodidad que generó podría beneficiar a las demás candidaturas, si es que estas capitalizan el descontento generado por las declaraciones del aspirante izquierdista.
