El miércoles el fiscal general chavista Tarek William Saab dictó orden de captura en contra de importantes miembros del equipo de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Los delitos imputados serían traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La orden de captura incluye al Coordinador de Organización del partido Vente Venezuela, Henry Alviárez; el encargado de Asuntos Internacionales, Pedro Urruchurtu; y la Coordinadora de Comunicaciones de María Corina, Claudia Macero.
La decisión -evidentemente ordenada por el Alto Gobierno- se produce inmediatamente después del enorme fracaso del referendo consultivo del domingo pasado, el cual evidenció que Nicolás Maduro se ha quedado absolutamente solo.
Acorralado por un sinfin de problemas y rechazado nacional e internacionalmente, Maduro busca destruir cualquier posibilidad de que haya elecciones presidenciales en el 2024, como lo ordena la Constitución. Por eso persigue al entorno de la eventual candidata única de oposición.
Pero, no contento con ello, pretende llevar a los venezolanos a una guerra con Guyana, con el fin de unificar al pueblo en torno a su figura, tal como lo hizo en 1982 el Gobierno argentino encabezado por Leopoldo Galtieri durante el conflicto de las Malvinas.
Este comportamiento irresponsable supone un desafío para la comunidad internacional que podría, por un lado, tomar nota del incumplimiento del llamado «acuerdo» de Barbados; y por el otro, añadir esta persecución política a los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional.
