El Gobierno de Panamá ha anunciado este viernes que incrementará la deportación y expulsión de migrantes irregulares en el país mediante la contratación de vuelos chárter en un intento por frenar el flujo migratorio, especialmente en el Tapón del Darién.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, ha indicado en rueda de prensa que si bien piensan en las deportaciones masivas como la mejor opción, las autoridades priorizarán por falta de recursos a aquellos migrantes con antecedentes penales.
Asimismo, ha explicado que se eliminarán los puntos de asistencia migratoria en las regiones de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo -los primeros controles en la selva- «a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad» de las comunidades de acogida.
En su lugar, las autoridades panameñas construirán «espacios» para retener a los migrantes en dichas zonas. Asimismo, Gozaine ha detallado que el tiempo de los permisos de turismo se reducirá, si bien esta medida no se aplicará a todas las nacionalidades y se dejará a discreción del personal de Migración.
Por otro lado, las autoridades también incrementarán la vigilancia y el control en los puertos de entrada al país, tanto aéreos como marítimos, pero especialmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para evitar que el crimen organizado los utilice para el tráfico de personas, ha recogido el diario ‘La Prensa’.
En lo que va de año, ya han cruzado la selva más de 330.000 personas, una cifra sin precedentes y que, en una quinta parte, corresponde a casos de niños. Por ponerlo en perspectiva, en todo 2022 unos 248.000 migrantes emprendieron esta ruta, por lo que 2023 va camino de consolidarse como un año de récord.
