El presidente colombiano Gustavo Petro decidió liberar a decenas de delincuentes para que “pasen Navidad con sus familias”.
Se trata de un grupo de detenidos que cometieron delitos en el violento paro nacional del año pasado y que ahora serán liberados como parte de una promesa electoral que hizo Petro durante su campaña. La decisión ha generado innumerables críticas debido a que la Justicia colombiana los condenó como culpables con pruebas contundentes.
Pero Petro no solo busca liberarlos, sino que además espera designarles como “gestores de paz”.
Para el presidente colombiano no se trata de delincuentes violentos sino de “líderes juveniles” que se expresaban; sin embrago se demostró que se trató de activistas que cometieron diversos crímenes durante las manifestaciones de oposición que debían ser pacíficas y que causaron destrozos, incendios y hasta muertos.
«Este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que, simplemente, se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia, cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias«, dijo Petro.
La noticia levantó una oleada de críticas no solo desde la oposición sino desde algunos aliados del oficialismo.
«Fueron más de trescientas capturas. Hubo un proceso previo de inteligencia y judicialización, con todos los trámites de la Fiscalía y, por supuesto, un juez que emitió las órdenes de captura. Las otras detenciones fueron en flagrancia», aseguró Diego Molano, ex ministro de Defensa de Duque, en un comunicado.
«No puede violar la independencia de poderes y la ley. No puede olvidar que es presidente y no dictador«, puntualizó el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.
Entre los manifestantes presos que serían liberados, están los integrantes de la llamada Primera Línea, que siempre contaron con el respaldo del Pacto Histórico y quienes les consideraron como «presos políticos sociales».
Entre los detenidos está Andrés Pastor, un colombiano que lideró la brutal agresión contra un carpintero al que confundieron con un policía. La agresión fue tal que lo golpearon, apuñalaron y le arrojaron gasolina para incendiarle el cuerpo.
«Liberar criminales es la primera causa, tal vez la que más le importa, a este Gobierno», dijo la senadora uribista, Paloma Valencia.
Asimismo, el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, cuestionó la decisión Petro y afirmó que el gobierno colombiano está del lado de los delincuentes.
“Queda claro que este Gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley”, dijo en Twitter.
Magistrados de todo el país empezaron a manifestarse en contra de la decisión de Gustavo Petro y sobre todo, desmintieron la afirmación de que serían “detenidos ilegales”.
Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, aseguró que es equivocado señalar que los capturados y judicializados fueron víctimas de una persecución. Según el magistrado están privados de la libertad como consecuencia de una medida judicial con base en los hechos.
“Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad, están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, luego no hay ninguna detención ilegal”, señaló a Semana.
No son manifestantes, son grupos criminales
La Primera Línea, no es un grupo de protesta cualquiera, sino una organización criminal que tiene alianzas con grandes grupos delincuenciales en el país.
Aunque esta organización se dio a conocer durante el paro del 28 de abril como un “grupo espontáneo y pacífico” de jóvenes inconformes, las investigaciones concluyeron que se trata de una organización que se preparó para desestabilizar con violencia al gobierno del entonces presidente, Iván Duque,
“Desde noviembre de 2019 los integrantes de la ‘primera línea’ han transitado al uso del terrorismo como el mecanismo para causar daño sistemático y daños colaterales”, dice un informe de inteligencia al que tuvo acceso la revista Semana.
El grupo usó métodos de combate, explosivos, y hasta armas no convencionales para aterrorizar y destruir bienes públicos y privados. Además, se descubrió que tenían nexos las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN y otras bandas criminales.
