Cuando España suma a la participación política a exmiembros prominentes de la guerrilla española, la Argentina no se escandaliza.
Según publica COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Bildu, brazo político de ETA, ha incluido a siete asesinos de la banda terrorista y a otros 37 condenados por pertenencia y colaboración con ella en sus listas electorales para los comicios locales, provinciales y autonómicos del próximo 28 de mayo en Navarra y el País Vasco. Algunos incluso van en las papeletas con su nombre y el apodo que tenían en la organización terrorista.
Estas incorporaciones debieran escandalizar a los políticos de todo el arco ideológico; sin embargo, han sido saludadas por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La duda es si esos terroristas mutaron o continúan siendo aquellos agentes del marxismo internacional que regaron de sangre el país y que, derrotados por las armas, han cambiado de sombrero, abandonaron el casco de guerra y ahora lucen el del orden institucional contra el que atentaron sistemáticamente.
Nada puede sorprender de quien fue capaz de empuñar un arma y asesinar a otro español por diferencias ideológicas. Sin embargo, a la vista de una sociedad civilizada, la impunidad de los herederos de la ETA y sus trayectorias de sangre y muerte colisionan con la más mínima exigencia moral. De ellos puede no sorprender, pero es digno de remarcar, y de lamentar, la normalidad con que toma el PSOE su sociedad parlamentaria con estos agentes de la violencia encarnados en EH Bildu y la tolerancia de los populares que parecen preferir acordar con los socialistas y, por extensión, con Bildu, que con VOX, la única expresión política dispuesta a frenar el avance comunista.
La decisión, denunciada por COVITE, ha provocado la condena de las víctimas del terrorismo, que han recordado que llevar a etarras en listas fue uno de los motivos para ilegalizar a Batasuna.
En febrero de 2012, los populares rechazaron la petición de UPyD de ilegalización de Bildu; en 2020 no apoyaron la propuesta de VOX de modificación de la Ley de Partidos con el fin de facilitar la ilegalización de formaciones políticas que quieren «destruir la unidad de España», incluido Bildu; y este año —en la misma línea— votaron en contra de un referéndum a los españoles para decidir si las formaciones separatistas deben ser o no legales.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez por mantener como «socio preferente» a EH Bildu. «Desde la AVT llevamos años recopilando indicios y exigiendo la ilegalización de Bildu por ser sucesores del brazo institucional de ETA», ha declarado la asociación.
Este despropósito, se suma a los aceitados vínculos que ha tejido España con el terrorismo internacional durante la administración del sanchismo.
Hace pocos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido y escuchado en el Congreso de los Diputados como si se tratara de un demócrata, pero su hoja de ruta lo sindica como un activo guerrillero del bolivariano Movimiento 19 de Abril (M-19) con el que lideró la toma de terrenos y el desorden social hasta que pasó a la clandestinidad.
La Alianza con el chavismo y su negocio con las Farc, cuyos cargamentos de drogas transitan por territorio venezolano a cambio de «peajes», es otro peligroso acercamiento a lo peor de la América hispana.
En la Argentina pasa algo similar. Las simpatías por la dictadura venezolana son inocultables, como también los estrechos vínculos con China y el régimen iraní.
Además, la administración actual está poblada de individuos que formaron parte de los grupos armados que atentaron contra el orden constitucional en la década de los 70. Un biógrafo de la época sostiene que los auténticos sediciosos murieron en los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los que quedaron no combatieron o colaboraron con las Fuerzas Armadas entregando «camaradas». En términos generales, es cierto. Hay una frase repetida en las redacciones sobre el periodista y militante de la organización terrorista argentina Montoneros, Miguel Bonasso, que abona esta teoría. Sus compañeros dicen «Miguel, lo único que derramó fue tinta».
Otros, al ser capturados, negociaron su libertad a cambio de información delatando a sus compañeros de guerra. La salida del país de cientos de terroristas prueba la veracidad de ese intercambio. El relato falaz y romántico que construyeron trajo a muchos de vuelta y hasta cobraron cuantiosas indemnizaciones como forma de reparar el exilio.
En la actualidad, algunos de ellos accedieron a cargos públicos y también están sus hijos, que adscriben a una continuidad ideológica absoluta. Ninguno empuña armas, pero ocupan bancas legislativas, cargos ejecutivos en ministerios y directorios de empresas del Estado.
Este avance de violentos y extremistas no es gratis. Las penurias de una Argentina quebrada socialmente puede alertar a otras sociedades a evitar esos excesos. Frenar el avance del mal en estado puro es imprescindible para vivir en paz, una paz que no se obtiene cuando agentes de la discordia y el odio adquieren poder y espacios de relevancia. Esa es la foto de la Argentina de hoy, un pueblo pujante que ha sido arrasado, con una clase media en extinción, con padres atrapados en un retroceso general que los obliga a festejar la partida de sus hijos hacia otros destinos, aunque eso también signifique un dolor desgarrador. La dispersión de las familias argentinas es transversal a toda la sociedad. Unos se van del país, otros se distancian por obra de las pasiones políticas que alientan el «ellos o nosotros» y fogonean las discrepancias. Por las armas atentaron contra la familia y hoy, en democracia lo consiguieron.
España ha permitido un avance innecesario de la izquierda sangrienta sobre el sistema de gobierno pero aún está a tiempo de evitar que se convierta en un eje difícil de extirpar.
