Parece mentira que con los precedentes del “caso Pallerols” y el escándalo de UGT en Málaga descubierto por el fiscal Luis Portero, luego asesinado por ETA, tengamos que estar de nuevo con los cursos de formación a vueltas. Las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el de Mercedes Alaya, tiene de todo: malversación de caudales públicos; fraude en cursos de formación; fraude en prejubilaciones (unos 11 millones de euros); fraude en ayudas otorgadas indebidamente; uso y diseño de un fondo de reptiles que ha beneficiado a la familia política del PSOE, con pueblos donde, verdaderamente, tocó la “bonoloto” como El Pedroso (el pueblo de la familia Lara)
Hay 20 altos directivos de la Junta implicados, además de políticos de la izquierda andaluza y sindicalistas de las dos centrales mayoritarias. En definitiva, se trata de una conspiración para generar clientelismo a gran escala y con grave responsabilidad de la administración otorgante de esos fondos y subvenciones que debería haber sido intervenida, como ocurrió con el Ayuntamiento de Marbella en manos de Jesús Gil.
Lo mismo deberían haber hecho con la Junta de Andalucía después de conocer que se concedían subvenciones dejando de lado la obligación “in vigilando” de ese dinero públicos, cuando vimos que se generaba la partida “31L”, lo que precisamente sustanció la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda, Magdalena ´Alvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Porque en Andalucía hablamos de 152 millones de euros, como poco de defraudación al dinero de todos.
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También vimos cómo se favorecía a ex altos cargos municipales, provinciales y autonómicos del PSOE franqueándoles la entrada como “intrusos”(maldito eufemismo cuando deberíamos decir estafadores) en empresas como González Byass, las minas de Huelva o la empresa de flanes Dhul. Todo se conseguía, a cambio de dinero, forrando a los “conseguidores” que como el ugetista Lanzas, tenía “dinero p’a asar una vaca”, dijo su madre.
De los 20 altos funcionarios de la Junta percutidos por la juez Alaya, hay casos muy llamativos como el del catedrático Manuel Olivencia 8otrora impulsor de códigos de buen gobierno), suegro de Javier Arenas. El último caso es el de Antonio Valverde, director de la Agencia Idea, que dejó su cargo después de que Alaya le reclame 3,6 millones de fianza.
Resulta que el chófer del epicentro del fraude, el consejero de empleo, Francisco Javier Guerrero, que se llama Juan Francisco Trujillo, fue declarado insolvente a pesar de haber gastado hasta 25.000 euros al mes de ayudas de la Juntaencocaína. En sus cuentas sólo se encontraron 1,64 euros. Trujillo estuvo encarcelado varios meses por haber percibido dos subvenciones de 450.000 euros cada una para presuntas empresas fantasmas y otros 122.000 euros de una ayuda que recibió su madre. ¡Ya vale de coñas!
