Por lo general, la guerra en Ucrania está siendo abordada por la opinión pública occidental desde una perspectiva humanitaria que se compadece del enorme sufrimiento de la población civil a la vez que denuncia moralmente al agresor: Putin. Todo ello, que sin duda es un análisis acertado y una correcta señalización de culpables y víctimas, trae consigo, no obstante, al menos dos problemas.
En primer lugar, el prisma humanitario oculta el análisis geopolítico, que es más importante que el primero tanto por lo que está en juego como por ejercer como fuerza motriz en este tablero mundial. Pero no sólo lo oculta, sino que quienes osen articular el discurso geopolítico fuera de los círculos militares y de inteligencia son automáticamente apercibidos moralmente por los medios de comunicación y la clase política, siendo condenado al ostracismo. La geopolítica es una visión no sancionada por el tribunal de la corrección política.
En segundo lugar, la perspectiva humanitaria con la que se juzgan los acontecimientos simplifica enormemente la complejidad de los actores y los intereses, atribuyendo cualidades cuasi mesiánicas a Zelenski con las que enfrentarse a su némesis, Putin, y reduciendo a una dimensión un conflicto que comprende muchas, tanto complementarias como enfrentadas entre sí.
Una de las más relevantes es la del papel que BlackRock, la primera gestora de fondos del mundo –administra activos valorados en más de 10 billónes de dólares–, está jugando en la guerra de Ucrania.
Hace dos semanas, el presidente de Ucrania tuvo una videoconferencia con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en la que llegaron a un «acuerdo para coordinar los esfuerzos de inversión para reconstruir la nación devastada por la guerra». El plan de reconstrucción se hará con objetivos fijados en el corto plazo, como se señaló tras la citada reunión, de la que se reveló también que algunos ejecutivos del gigante financiero visitarán Ucrania este año para «asesorar al Gobierno ucraniano sobre cómo estructurar los fondos de reconstrucción del país», algo que ya se estipulaba en un acuerdo de colaboración firmado el 10 de noviembre de 2022 por el Ministerio de Economía de Ucrania y BlackRock Financial Market Advisory (FMA).
Como es evidente, BlackRock no se dedica a la ayuda humanitaria, y aunque cueste trabajo —o quizá no tanto— imaginar una conversación telefónica o un email desde esta empresa a sus inversores animándolos a considerar la reconstrucción de Ucrania como una ‘gran inversión’, esta es una imagen que merece la pena contemplar, pues es cierta.
A su vez, la historia de BlackRock en este conflicto va mucho más allá, tanto en sus ramificaciones como en el tiempo. Ya en septiembre de 2022, Zelenski y Fink discutieron cómo atraer inversiones públicas y privadas a Ucrania. A su vez, tan solo un mes antes, Eric Van Nostrand salió de BlackRock, donde ocupaba el puesto de director gerente y jefe de investigación de inversiones sostenibles y estrategias de activos múltiples, para unirse al Departamento del Tesoro, responsable de producir todo el dinero de Estados Unidos y los sellos de correo, dirigir las finanzas federales y supervisar los bancos. ¿Su nuevo cometido? Ser un asesor principal en temas económicos vinculados a Rusia y Ucrania y reportará a Ben Harris, subsecretario del Tesoro para política económica.
A esto se suma, y de forma muy relevante, el papel de la gestora norteamericana en el mercado inmobiliario estadounidense y global. El verano pasado, un informe de del Wall Street Journal afirmó que BlackRock era uno de los fondos de inversión que más distorsión estaban causando en el mercado inmobiliario, exponiendo que estaban empleando grandes candidades de dinero para comprar viviendas particulares —urbanizaciones y barrios enteros. ¿Su objetivo? Elevar los precios, dificultar enormemente la vivienda en propiedad y crear generaciones enteras de inquilinos, además de otras derivadas como la expulsión de las clases más trabajadoras de sus caladeros de inversión, que quedan así en exclusiva para unos pocos.
La pieza que completa el puzle es la procedencia del dinero con el que el Gobierno ucraniano está pagando el servicio de asesoramiento a BlackRock –que, de nuevo, no incluye en su porfolio de inversión las obras de caridad–. Y la respuesta es clara: de los impuestos de las principales democracias occidentales y, especialmente, de los contribuyentes americanos, que ya en 2022 han sufragado el esfuerzo militar ucraniano en 13.000 millones de dólares. Un esfuerzo que se prolongará, como en su día anunció Biden, «durante el tiempo que sea necesario». En otras palabras, todos nosotros estamos pagando a BlackRock a través del Gobierno de Zelenski por la elaboración de una hoja de ruta que garantice en primer lugar sus propias inversiones y que dote al gigante americano de la liquidez necesaria para impedirnos comprar una vivienda, principal predictor de progreso y estabilidad económica y familiar.
Se trata de un suicidio sólo posible por la malicia o ignorancia de gobiernos y medios de comunicación, que son cómplices con una agenda globalista que beneficia a unos pocos en detrimento del resto, como el mismo BlackRock desveló en sus previsiones para 2023. Unas previsiones que en realidad consagran una visión del mundo que quedará patente en la reunión del Foro de Davos que comienza hoy y que reunirá a los sospechosos habituales. Entre otros, al propio Fink, que forma parte de la junta de gobierno del Foro Económico Mundial. En definitiva, conviene despertar antes de que sea demasiado tarde. Ellos están organizados y, como se ve, no desaprovechan ninguna oportunidad, como diría Churchill —ni siquiera una guerra—. ¿Dónde está nuestra respuesta?
