La ONU ha aprobado una nueva hoja de ruta sobre el VIH que va mucho más allá de la respuesta sanitaria. La declaración, adoptada el pasado 23 de junio, pide revisar leyes sobre drogas, prostitución, ocultación del VIH a la pareja sexual, edad de consentimiento y consentimiento conyugal para acceder a determinados servicios médicos.
El texto salió adelante en la 92.ª sesión plenaria de la 80.ª Asamblea General con 149 votos a favor, ocho en contra y 14 abstenciones. Otras 22 delegaciones no participaron. Estados Unidos, Rusia, Israel, Burkina Faso, Burundi, Corea del Norte, Níger y Senegal votaron en contra.
Su rechazo no se dirigió contra la lucha frente al sida, sino contra el intento de utilizarla para introducir una agenda legal sobre drogas, prostitución, sexualidad, menores, familia y responsabilidad penal.
Uno de los puntos más sensibles del texto afecta al consumo de drogas. La declaración incluye a las «personas que se inyectan drogas» entre los grupos prioritarios de la respuesta al VIH y reclama ampliar los programas de reducción de daños. La expresión parece técnica, pero tiene una carga política clara: sitúa a consumidores de drogas duras, como la heroína, dentro del marco que la ONU quiere proteger frente a leyes consideradas «punitivas».
Ese enfoque coincide con la doctrina de ONUSIDA, el organismo de Naciones Unidas especializado en VIH. Su tesis es que castigar la posesión o el consumo de drogas dificulta que los consumidores acudan a hacerse pruebas, reciban prevención o accedan a tratamiento. Por eso defiende la despenalización como parte de la estrategia para acabar con el sida como amenaza de salud pública en 2030.
La prostitución aparece bajo la misma lógica. El documento incluye a las «trabajadoras sexuales» entre las llamadas «poblaciones clave», junto a hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que se inyectan drogas y presos. ONUSIDA sostiene también que criminalizar la prostitución aleja a estas personas de los servicios sanitarios.
Ahí está el núcleo de la polémica. Cuando una conducta se asocia a un mayor riesgo de transmisión del VIH, la ONU no pone el acento en reforzar la responsabilidad individual o penal, sino en revisar las leyes que la castigan. Para sus defensores, es una forma de combatir el estigma. Para sus críticos, es una agenda de despenalización presentada como política sanitaria.
El apartado sobre la ocultación del VIH a la pareja sexual es otro de los más polémicos. La declaración pide revisar las leyes relativas a la «no revelación», la «exposición» y la «transmisión» del virus. Es decir: no comunicar a la otra persona que se tiene VIH antes de mantener relaciones sexuales, ponerla en riesgo de contagio o llegar a contagiarla.
La ONU sostiene que esas normas pueden aumentar el estigma y alejar a los infectados del sistema sanitario. Los países críticos advierten justo de lo contrario: bajo la excusa de facilitar el acceso a pruebas y tratamientos, el texto puede debilitar la responsabilidad de quien sabe que tiene VIH y oculta esa información antes de mantener relaciones sexuales.
También ha generado rechazo la referencia a la edad de consentimiento. En este punto, Naciones Unidas alude a leyes que condicionan por edad el acceso de menores o adolescentes a pruebas del VIH, tratamientos, profilaxis, asesoramiento o servicios vinculados a la sexualidad y la salud reproductiva. Varios Estados interpretan esa redacción como una presión para reducir el papel de los padres en decisiones sensibles sobre la salud y la sexualidad de sus hijos.
La declaración no es vinculante. Ningún Estado queda obligado a modificar su código penal por este texto. Pero en la ONU el lenguaje nunca es inocuo. Estas resoluciones fijan vocabulario, prioridades y criterios que después utilizan agencias internacionales, programas de cooperación, organismos de financiación y organizaciones subvencionadas.
Estados Unidos votó en contra y acusó al documento de apartarse de su misión principal. Su delegación defendió que la declaración debía centrarse en prevención, pruebas, atención y tratamiento, y rechazó la inclusión de «temas divisivos» en un texto sobre el fin del sida como amenaza para la salud pública.
La posición de Washington tiene especial peso porque Estados Unidos ha sido el principal financiador internacional de la respuesta al VIH. Su delegación recordó que el país ha destinado más de 100.000 millones de dólares durante más de 20 años al programa PEPFAR, presente en más de 50 países. Según sus datos, ese esfuerzo ha contribuido a salvar 26 millones de vidas, sostiene a más de 20 millones de personas con terapia antirretroviral y ha evitado que más de cinco millones de niños nazcan con VIH.
La Unión Europea defendió el enfoque contrario. Bruselas presionó para reforzar las referencias a las «poblaciones clave», la violencia de género, las organizaciones comunitarias y la respuesta basada en derechos humanos. Para la UE, esos conceptos son necesarios para llegar a los grupos con mayor riesgo y cumplir el objetivo de acabar con el sida como amenaza de salud pública en 2030.
La votación deja al descubierto el choque de fondo. La lucha contra el VIH ya no aparece sólo como un consenso sanitario, sino como una palanca para empujar cambios legales sobre drogas, prostitución, sexualidad, menores y familia. La declaración ya está aprobada. La disputa empieza ahora, cuando ese lenguaje salga de Nueva York y llegue a los programas, los presupuestos y las políticas nacionales.
