El presidente Nicolás Maduro ha sido quien ha encargado la creación de esta comisión y ha advertido que algunos líderes opositores irán a la cárcel por haber convocado las manifestaciones.
La Asamblea Nacional Constituyente conformada exclusivamente por chavistas ha aprobado la creación de una «comisión de la verdad» para establecer responsabilidades en los hechos de «violencia política» que se han producido en Venezuela desde 1999 hasta ahora.
«La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia», explicó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
La creación de esta comisión fue encargada personalmente por el presidente del país, Nicolás Maduro, que ha adelantado que algunos de los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el Gobierno en los últimos meses irán a la cárcel, al considerarlos responsables de los disturbios en que han desembocado estas marchas.
La ley con la que se pone en marcha la comisión exige el deber de colaborar con este ente y someterse a sus decisiones a todas las personas e instituciones venezolanas, y quien no lo cumpla será castigado por las leyes penales.
La comisión se ocupará de actos como la difusión de contenidos que inciten a la «violencia» y el «odio», y de comportamientos que hayan afectado «a la vida e integridad personal (…) física, psíquica o moral», a «la libertad personal», la «tranquilidad» y el «patrimonio» públicos, así como al «sistema socioeconómico nacional».
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ha denunciado como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.
El presidente Maduro, la propia Delcy Rodríguez y el también constituyente Diosdado Cabello, una de las figuras con más poder dentro del chavismo gobernante, han impulsado la comisión de la verdad para acabar con la «impunidad» en el país, que ha vivido desde el 1 de abril una ola de multitudinarias protestas contra el Gobierno.
Muchas de estas manifestaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, y se han saldado con enfrentamientos entre manifestantes y agentes y otros hechos violentos que han provocado la muerte de más de 120 personas.
Pese a llevar menos de una semana funcionando, la Constituyente ya ha destituido de su puesto a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien el oficialismo ha acusado de «complicidad» con la violencia en las protestas desde que la titular del Ministerio Público recriminara a Maduro tendencias dictatoriales.
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