El argumento más recurrente de la nueva izquierda, auténtico leitmotiv del sanchismo, es que cualquier rebaja de impuestos, incluso las críticas al estatismo imperante, pone en peligro la sanidad, la educación y nuestro estado de bienestar social.
Estas proclamaciones tan estupendas, que diría Max Estrella, habría que ponerlas en su justa medida: la sanidad pública supone el 8% del gasto público total, la educación muy poco más, y las pensiones y el resto de las prestaciones sociales casi un tercio del total presupuestado. Es decir, en la denominada protección social nos gastamos algo menos de la mitad del presupuesto.
Si descontamos las partidas necesarias para mantener un Estado —seguridad, defensa, justicia, asuntos exteriores y demás funciones esenciales—, nos queda aún más de un tercio del presupuesto que se evapora en pagar intereses, transferencias entre administraciones e ineficiencias varias.
Los sueldos públicos medios son un 50% más altos que la media del sector privado. Esta cifra es insólita en Europa. Hasta en la muy estatista Francia el salario privado medio es 600 euros más alto que el público. Todo ello sin incidir en la productividad, que es un clamor en cuanto a la ineficiencia en demasiados departamentos de la administración española como, por ejemplo, la justicia. O la sobrecarga de personal, como si estuviéramos aún en los tiempos de la máquina de escribir y los bedeles correteando por los pasillos.
Capítulo aparte merece el pago de intereses, el déficit y la deuda pública que han escalado a niveles estratosféricos en los años de los gobiernos de Rajoy y Sánchez, rozando los 700.000 millones de euros entre ambos. Rajoy se lleva la palma hasta ahora. Parece que Sánchez estará algún tiempo menos en el Gobierno… aunque puede ser el campeón —por poco y en términos relativos—. Para que nos hagamos una idea, España en estos pocos años se ha endeudado tanto como a lo largo de toda su historia.
Vivimos tiempos de manirrotos e irresponsables mientras el pagano, el sufrido contribuyente, cada vez tiene que contribuir más. Algunos estudios señalan la presión fiscal real de España como la más alta de Europa, y desde luego la inspección, la omnipotente Agencia Tributaria, presiona lo indecible hasta llegar al sadismo. Cubre las apariencias, las formas, pero no duda en aplicar conceptos injustos sin ningún tipo de pudor para incrementar la recaudación. En España, el principio de legalidad está cada vez está más ausente dada la maraña de legislación, pero en la actuación de nuestro fisco es sencillamente inexistente.
La conclusión es clara. Si queremos tener un debate serio sobre el gasto público lo primero que tenemos que manifestar es que hay una verdadera urgencia: ordenar y auditar el gasto público para limpiar despilfarros e ineficiencias. Urge un compromiso de la próxima mayoría de Gobierno para que se audite en profundidad y se rindan cuentas de donde ha ido el dinero —hasta 700.000 millones— en estos últimos años.
Debemos acabar con la sensación que tienen muchos de que el Estado les pertenece. Empezando por Sánchez, que usa el Estado como una finca, e incluso está en plena avalancha de nombramientos de altos cargos a un mes escaso de unas elecciones generales. Este mal uso del Estado también se da en el sector privado, y se extiende a muchas de las grandes empresas que reciben ayudas y favores constantes.
Devolvamos el argumento: si queremos garantizar el pago de las pensiones y de nuestra educación y de nuestra sanidad tenemos que empezar a tomarnos muy en serio el gasto público. Nos va la supervivencia en ello.
