El debate sobre la bondad o inconveniencia de las llamadas políticas de austeridad conducentes a reducir el déficit público a través de un calendario de objetivos de obligado cumplimiento, surge una y otra vez con los mismos argumentos, los mismos protagonistas y los mismos fracasos. Como en el famoso bolero de Ravel, la melodía se repite incansablemente, con distintos instrumentos y sucesivas variaciones, pero sin cambiar su obsesiva reiteración hasta alcanzar un clímax del que se desciende para volver a remontar. El último en sumarse a esta incesante pieza musical ha sido el Ministro de Asuntos Exteriores, en su habitual papel de Ministro de Todos los Asuntos. García Margallo ha declarado que «nos hemos pasado varios pueblos con la austeridad», también ha señalado, lo que es cierto, que la política monetaria por sí sola no nos devolverá un crecimiento sano y sostenido y ha recomendado acciones más enérgicas en los campos de la inversión pública y de la fiscalidad. Vemos pues que el antiguo Vicepresidente de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo se suma a las tesis de la izquierda sobre la necesidad de aumentar el gasto de las Administraciones y subir aún más los impuestos con el fin de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía.
El pensamiento políticamente correcto sobre la austeridad, denostada como «austericidio» por Podemos, IU y demás fuerzas regresivas, es el siguiente: El déficit lo generan las necesidades ineludibles de los servicios públicos, Educación, Sanidad, pensiones, desempleo, atención a la dependencia y otros beneficios sociales, por lo que tiene un carácter casi sagrado. Los malvados «recortes» en estos capítulos del presupuesto para equilibrar las cuentas del Estado provocan el sufrimiento de las capas más vulnerables de la sociedad y han de ser evitados. Por el contrario, el gasto público se ha de incrementar -60000 millones a lo largo de la siguiente legislatura es la osada propuesta de Pablo Iglesias- y para sufragar este dispendio los «ricos» han de pagar más, sin olvidar el milagroso efecto multiplicador keynesiano que el erario tiene sobre el PIB. Planteadas las cosas así, populistas, comunistas y García Margallo, nos animan a apretar la tuerca tributaria y a incrementar el protagonismo cuantitativo y cualitativo del Estado en la marcha de la economía.
El bolero de Ravel sigue sonando y no sólo lo hace en la Puerta del Sol entre soflamas de las opciones que nos prometen el «cambio real», sino en el despacho principal del Palacio de Santa Cruz, lo que es realmente notable. El problema es que este planteamiento se apoya en premisas falsas y por tanto cualquier razonamiento a partir de ahí nos llevará sin remedio por el camino equivocado. Veamos la realidad de la situación: el déficit no lo causan los servicios públicos ni el sistema de protección social, su origen se encuentra en a) la corrupción que introduce brutales sobrecostes b) una estructura territorial disfuncional e ineficiente que dispara el gasto absurdamente c) un número excesivo de organismos públicos de todo tipo, especialmente a nivel local y autonómico, que no se justifican en términos coste-beneficio, que inflan la nómina pública y consolidan el despilfarro d) una cantidad injustificada de cargos políticos de carácter clientelar, nepotista o amiguista.
Pues bien, en vez de actuar sobre las verdaderas fuentes del déficit, nos ciega la tinta de calamar del rechazo al austericidio arrojada por los partidos para distraernos del auténtico mal que nos aqueja, la combinación letal del Estado Autonómico y del Estado de Partidos, esas dos sanguijuelas que absorben la sangre del tejido productivo español. Nadie o casi nadie pone el acento sobre las graves deficiencias estructurales de nuestra organización territorial y de nuestra partitocracia como la herida por la que se nos va la vida.
