Análogamente a cómo la función crea el órgano, la percepción de la imposibilidad de unas terceras elecciones sin que todos los partidos y probablemente el sistema político mismo pagasen un precio altísimo en términos de rechazo social, de gravísimos perjuicios económicos y de desprestigio internacional, ha generado su propio camino de salida y el encargado de desbloquear la situación ha sido Ciudadanos, la formación que hace bandera del reformismo constructivo y de la lucha contra la corrupción.
Los anaranjados partieron de un rechazo, más que justificado, a Rajoy, por inmovilista y por presidente de una organización imputada por notorios delitos, y los acontecimientos les han ido conduciendo gradualmente a un cambio de enfoque de esta contundente posición. Es cierto que a la hora de negociar una investidura el candidato en sí es en ocasiones tan relevante como su programa, pero el grupo parlamentario de Rivera tropezó con el hecho insoslayable de que los escaños del Partido Popular en el Congreso, al igual que los del PSOE, no están ocupados por verdaderos representantes del pueblo español, sino por empleados del jefe de sus siglas al que todos le deben la poltrona, circunstancia que hace a éste intocable.
Asumido este molesto obstáculo, se trataba de evitar la irritación de la gente, harta del espectáculo bochornoso de la incapacidad de aquellos a los que habían votado para entenderse mediante un acuerdo de mínimos sensato, y de avanzar a la vez en el objetivo de saneamiento de las instituciones. Al fin y al cabo, como vio Lord Keynes, cuando las cosas cambian resulta conveniente modificar, si no las convicciones, por lo menos las opiniones.
La fórmula urdida por Ciudadanos consiste en exigir al PP una serie de condiciones referidas a la mejora del sistema político y en expresar, si bien sutilmente, su oposición a la persona del Presidente en funciones. Las condiciones son todas ellas muy razonables y responden a evidentes defectos de nuestra normativa, el abuso de los aforamientos, la falta de respuesta ejemplarizante ante casos judiciales que afectan a concejales, consejeros, alcaldes, ministros, diputados o senadores, los desajustes de la ley electoral, la excesiva permanencia en el cargo y el escandaloso recurso a los indultos. El punto concreto de la limitación a dos mandatos o a ocho años la función de Jefe del Ejecutivo es la forma suave de señalarle a Rajoy la puerta de salida.
Dejando sentado que este movimiento de Ciudadanos sirve al interés general del país y que merece por ello el elogio, cabe preguntarse si en la lista de requerimientos al PP no hubiera sido adecuado introducir otros asuntos de mucha mayor trascendencia que algunos de los propuestos. Vienen de inmediato dos a la mente que han sido objeto de reiterados comentarios por todos los analistas que se han ocupado en los últimos tiempos de la cuestión de la reforma del llamado régimen del 78. El primero es el déficit endémico del Estado que está enquistado en nuestra vida colectiva y que parece carecer de solución. Ciudadanos podría haber incluido en su lista la obligación de una auditoría general de las Administraciones públicas en sus tres niveles, local, autonómico y estatal, con criterios objetivos coste-beneficio para eliminar los miles de entes y chiringuitos diversos que implican gasto sin efecto económico o social positivo de ninguna clase. Y el segundo es la imposición por ley a los partidos de democracia interna en su funcionamiento, dando así cumplimiento real al artículo 6 de la Constitución.
En cualquier caso, este episodio ilustra el enorme poder que los votantes otorgan a los partidos bisagra en determinadas configuraciones del mapa parlamentario. Si esta fuerza es bien empleada, abre la senda por la que los que empiezan siendo complementarios pueden acabar siendo mayoritarios o también, en sentido contrario, si yerran en su aplicación, ser precipitados a la irrelevancia. El resultado del 26J fue un primer aviso de este fenómeno que Ciudadanos parece haber comprendido para su fortuna y esperemos que para la del conjunto de España.
