Que la Camorra napolitana no está infiltrada en las instituciones españolas, ni poco ni mucho, parece ser un hecho incontestable en este momento. Sin embargo, la ‘operación Tarantela’ desarrollada por la Policía y la Guardia Civil contra los camorristas asentados en nuestro país ha destapado una inquietante conversación telefónica entre el líder del ‘clan Rovai’ y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Los casos de Raffaele Amato y, antes, de Antonio Bardellino pusieron en entredicho las decisiones judiciales de los tribunales españoles. También las escuchas realizadas en el marco de la ‘operación Pozzaro’, en 2011 en Tenerife (la isla cuenta con más de 6.000 residentes italianos) revelaron los intentos de la Camorra por infiltrase en el PP del municipio de Adeje y en Colación Canaria de Arona.
Se trata de casos aislados, pero que en los últimos diez años han ido aumentando al ritmo de la presencia de miembros de la Camorra en nuestro país. El problema es que este tipo de crimen organizado no está en la agenda de los políticos, no ocupa sitio entre las prioridades de la seguridad nacional, ni la acción judicial ha pasado por el filtro modernizador que la dote de las herramientas necesarias para hacerle frente.
La razón es la ausencia de alarma social: los españoles no sentimos el crimen organizado como una amenaza porque sus índices de violencia en nuestro país son bajos pese a que el volumen de sus delitos económicos (blanqueo, estafa y narcotráfico) son muy elevados.
Sin embargo, cada golpe policial a la Camorra deja un hilillo de corrupción que, visto el número de corruptos que frecuentan la clase política española (ahora se estila más llamarla ‘casta’), habría que mirar con lupa para evitar que se convierta en madeja en torno a un sector, el inmobiliario, que tanto gusta a la Camorra como a los prevaricadores.
