Describíamos la semana pasada el guirigay monumental que se formó con ocasión de la Junta General de Bankia celebrada en Valencia, y prometí continuar la exposición no ya de los hechos sino, en este caso, de las consecuencias. Pues bien, consecuencias desde el punto de vista oficial no ha habido ninguna: ni el Gobierno, ni el FROB ni el Consejo de Administración de la entidad parecen haber tomado nota de nada de lo que allí sucedió. Tal parece como que el trámite esté ya cubierto y no haya ninguna otra cosa que hacer. La verdad es que es una expresión más clara aún de la insensibilidad que rodea todo este asunto.Pero sí se ha producido una novedad en estos últimos días, y a mí me parece una novedad muy importante no sólo de cara a los perjudicados por preferentes y obligaciones subordinadas, sino también –y muy especialmente– en relación a todos los que sin tener experiencia bursátil –o aun teniéndola– se han visto “timados” por la nefasta salida a Bolsa de la entidad. Me estoy refiriendo al expediente sancionador abierto por el Ministerio de Economía y Competitividad a la firma auditora Deloitte, que era la responsable de garantizar la transparencia y la autenticidad de las cuentas de Bankia en aquella fraudulenta salida a Bolsa. Estoy seguro de que todos los despachos profesionales que estamos teniendo mucho trabajo en la defensa de los intereses de los damnificados nos encontramos analizando con lupa esta nueva vertiente del problema; y también estoy convencido de que otras instancias no directamente relacionadas con la defensa de los damnificados también estarán muy sobre aviso a este respecto. Con independencia de lo que en sede judicial penal pueda acabar diciéndose sobre este asunto, de entrada será muy bueno que el Ministerio de Economía del Gobierno Rajoy (heredero, pero no corresponsable, de la ejecutoria de la ministra Salgado) profundice y sea muy transparente y muy audaz a la hora de poner bien de manifiesto todo lo que rodea a este expediente sancionador, salvo que quiera convertirse en cómplice de la culpa in vigilando que tuvo el Gobierno socialista y los organismos de él dependientes. Ese expediente sancionador y todo lo que rodeó la confección de las presuntamente falsarias cuentas de Bankia, tiene que ser resuelto de inmediato y facilitado públicamente para que los jueces, además, conozcan todo lo que de ello se pueda derivar en relación a los miles y miles de pleitos que hemos emprendido en relación a las preferentes y subordinadas. Lo contrario, para el señor De Guindos, sería amagar y no dar, pero con el agravante de que ya no está en condiciones de hurtarse a la enorme atención que el expediente ha suscitado. Si el Gobierno presume de transparencia, aquí puede demostrarlo.
