Las etiquetas en política denotan pereza mental o maniqueísmo. La calificación despectiva del adversario catalogándolo de manera reduccionista con un epíteto, derecha, izquierda, neoliberalismo, populismo, evita el fatigoso ejercicio del análisis riguroso de las propuestas y de la argumentación racional basada en datos y hechos. El debate electoral construido sobre el cruce de acusaciones genéricas o pronunciamientos imprecisos sin entrar en los detalles de las políticas propugnadas por cada opción en liza resulta empobrecedor y confuso. Una campaña trufada de clichés y eslóganes tan agresivos como vacíos de contenido, destinados a excitar emociones, a generar animadversiones primarias o a ganar adhesiones acríticas, degrada a los votantes a la condición de masa irreflexiva y transforma a los candidatos en demagogos baratos indignos de la menor atención.
El recurso fácil y reiterado a palabras vagas como cambio, justicia, gente, renovación, austeridad, progreso, atribuyendo siempre los significados positivos a las siglas propias y los negativos a las de los oponentes, despoja al discurso de cualquier posibilidad de contraste de ideas y de evaluación objetiva de los programas, de su viabilidad y de sus consecuencias. Si, por ejemplo, Podemos defiende un aumento del gasto público de 60.000 millones a lo largo de la próxima legislatura hay que examinar este disparate a la luz del contexto europeo, del nivel de nuestra deuda pública, de las eventuales fuentes de financiación del consiguiente desequilibrio de las cuentas públicas, de sus efectos sobre nuestra capacidad de conseguir crédito en los mercados y de sus repercusiones en el crecimiento y en el empleo. Una vez realizado este ejercicio de reflexión razonada y demostrado que esta medida, además de imposible, sería desastrosa, sobre todo para las capas más desfavorecidas de la sociedad, es innecesario denigrar a la formación morada como comunista, chavista o marxista. Basta con exponer serenamente los números y describir asépticamente cómo funciona la economía productiva para desmontar la absurda pretensión de que más déficit y más deuda se traducirían en más puestos de trabajo y más poder adquisitivo para los estratos de renta más baja. Es exactamente lo contrario y la experiencia lo ha probado hasta la saciedad.
Igualmente, la confusión deliberada entre presión fiscal total sobre PIB y esfuerzo fiscal individual conduce a la conclusión falsa de que es posible aumentar los impuestos directos en España porque todavía estamos por debajo de Suecia, Dinamarca o Francia. Dejando aparte que no se pueden comparar parámetros aisladamente, sino en un contexto, es decir, no es lo mismo pagar el 50% de IRPF con salarios muy altos que con retribuciones escasas, como tampoco tiene sentido calibrar lo que gasta un país en protección social cuando su generación de riqueza es doble que la de otro, hay que hacer comprender a los ciudadanos que las prestaciones que reclaman derivan de los recursos que seamos capaces de crear y que por mucho que algo sea conveniente o necesario si no se dispone del dinero requerido para sufragarlo es imposible satisfacer las demandas por legítimas y comprensibles que sean. Los llamados derechos sociales son tangibles y no son gratis. Proporcionar una vivienda confortable o atención odontológica a todos los españoles tiene una naturaleza distinta a garantizarles libertad de expresión o de asociación, lo primero implica miles de millones para el erario, lo segundo queda asegurado con la legislación adecuada y su aplicación por los tribunales.
Otro concepto letal es que la riqueza ha de ser por principio y sin límite más intensamente redistribuida y que, como dijo el “moderado” Errejón, la verdadera dinámica social es la lucha de “los de abajo contra los de arriba”. Independientemente de que la corrupción, la evasión fiscal, el fraude, la colusión de la política y los oligopolios y los abusos de los poderosos contra los débiles han de ser combatidos sin cuartel, si a todos los Amancio Ortega, Juan Roig, Isak Andic, Sol Daurella y similares les confiscásemos sus fortunas y las repartiésemos entre los cuarenta y cinco millones de españoles, tocaríamos a una ridiculez por barba que no solucionaría ningún problema y nos condenaríamos a la miseria durante generaciones hasta que una nueva hornada de empresarios con talento y esfuerzo volviese a hacer posible la prosperidad general. Esas son las verdades que hay que comunicar a nuestros compatriotas en lugar de atontarles con tópicos mendaces o apelar a lo peor de sus instintos o de sus frustraciones.
Dado que los dos viejos partidos del sistema son ya irrecuperables para una política de convicciones y de enfoque racional de la realidad y que de los dos nuevos uno se inclina por la utopía colectivista y destructiva, únicamente Ciudadanos está en condiciones de impulsar una aproximación serena y apoyada en evidencias empíricas a las grandes cuestiones pendientes sobre la estructura territorial del Estado y las reformas de nuestras instituciones y de nuestro modelo económico. Para ello, sin embargo, ha de tener presente que centrismo -otra etiqueta- no tiene por qué ser sinónimo de indefinición. Y, sobre todo, después de ver a Begoña Villacís repartiendo sonrisas en la manifestación del 1 de Mayo con los sindicatos más retrógrados y más corruptos de Europa, que la condición de centrista no ha de desembocar inevitablemente en la empanada mental.
