El cierre de Radiotelevisión Valenciana sin duda es una mala noticia para sus trabajadores, pero es una muy buena noticia para la libertad de prensa tan necesaria en nuestro país y un buen punto de partida para poner fin al despilfarro autonómico. La decisión del presidente de la Generalidad valenciana ha sido valiente y, sobre todo, coherente con la necesaria política de recorte del gasto público. Alberto Fabra intentó previamente reestructurar Canal Nou de forma menos dolorosa mediante un ERE que se planteó mal y que el TSJV echó para atrás. Ante la situación creada y y en medio de un escenario de ajustes muy duros en los servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia, el presidente, en un gesto que le honra, ha creído más razonable echar el cierre de un mastodóntico y ruinoso aparato de propaganda política.
Y debería cundir el ejemplo, porque la creación de las televisiones autonómicas ha sido probablemente el derroche más desproporcionado de todos los que han cometido las comunidades autónomas a lo largo de su existencia, tanto por la ingente cantidad de recursos públicos que se dilapidan anualmente como por la evidente inutilidad que supone que la Administración se encargue de financiar un servicio que ya es prestado sobradamente por la iniciativa privada.
Las 13 televisiones autonómicas existentes en España nos cuestan a todos los contribuyentes anualmente unos mil millones de euros, sin contar los intereses de una deuda que, sólo en Canal Nou, ascendía 1.200 millones. Ningún argumento económico puede justificar la existencia de unas televisiones regionales con plantillas disparatadas –cualquiera de las autonómicas más importantes tiene más trabajadores en nómina que todas las privadas nacionales juntas– y unos gastos de explotación desorbitados gracias a que han estado financiados por el presupuesto público sin atender a criterios de racionalidad. Pero es que, además, tampoco existe justificación en términos sociales, pues ese servicio ya lo presta una iniciativa privada obligada a soportar la competencia desleal de las corporaciones públicas que, para mayor agravio, cosechan sin excepción unos índices de audiencia sonrojantes
Todo esto es, sencillamente, intolerable por principio. Y es más grave aún con la competencia desleal de esas televisiones en el mercado publicitario. La solución pasa por privatizarlas por completo o cerrarlas definitivamente como ha hecho el presidente de la Generalidad valenciana. A estas alturas ninguna otra opción resulta admisible. Y aunque sabemos que clamamos en el desierto –Artur Mas ha aumentado las subvenciones a TV3 para 2014–, también sabemos que tenemos toda la razón.
