Fagor Electrodomésticos, embrión y buque insignia del Grupo Mondragón, presentó el pasado miércoles preconcurso de acreedores. La compañía es el quinto fabricante europeo de electrodomésticos de marca blanca, cuenta con 13 plantas industriales y a 30 de junio su pasivo total sumaba casi 1.100 millones de euros, como consecuencia de cinco años de continuas caídas de los ingresos –desde 1.600 a 1.160 millones–, un ajuste laboral que ha afectado a la mitad de la plantilla y una cuenta de resultados que se ha mantenido en números rojos de forma ininterrumpida. Al cierre del primer semestre de 2013, el patrimonio neto era negativo en 40 millones.
Hasta aquí los fríos números de una crisis anunciada y que tiene su origen, de una parte, en la caída del consumo nacional por el colapso del sector inmobiliario y el paro, y de otra, en la inoportunidad de la compra de la francesa Brandt en 2005, por 162 millones, con la que dobló el tamaño del grupo justo antes de que sobreviniera la crisis y, también, por la competencia creciente de productos baratos procedentes de mercados emergentes. La confluencia de estos factores obligó hace unos meses a que los cooperativistas aportaran nuevos fondos por importe de 70 millones.
Ahora, Fagor tiene cuatro meses para evitar el concurso y conseguir nueva financiación por valor de 100 millones en un marco complicado. Se trata de una auténtica prueba de fuego para el grupo Mondragón, que acaba de romper uno de sus principios fundacionales –la solidaridad cooperativa– al no acudir a salvar a Fagor. Pero es que, además, Fagor ha protagonizado un nuevo caso de participaciones preferentes. En total, 185 millones de euros colocados entre más de 10.000 personas, que pueden acabar perdiendo el dinero en caso de concurso.
La solución financiera resulta complicada por varios motivos, al margen de los estrictamente económicos. De una parte, el Banco de España ve un riesgo importante y no quiere que salpique a Caja Laboral ni a las aseguradoras de la Corporación Mondragón. ¿A quién acudir? Martín Garitano, presidente de la Diputación de Guipúzoa, considera que la solución es competencia del Gobierno vasco, mientras que éste apunta como responsable a la Corporación Mondragón. Y, en medio del desbarajuste, a los responsables del PP vasco no se les ocurre otra cosa que reclamar la implicación de las distintas Administraciones para sortear la crisis. O sea, que papá Estado acuda al rescate. ¿Y por qué no al de Pescanova o al de Panrico? Bien está no desentenderse –como ha hecho la Corporación Mondragón– del futuro de las familias que trabajan en Fagor y de los inversores atrapados, pero de ahí a dar un trato especial a Fagor va un abismo. Aunque después de la sentencia del caso Faisán todo es posible. Confiemos en que no caigan en esa tentación.
