Cuando me encontré con un Oficial hace algún tiempo y me contó las dificultades económicas para poder trasladarse a otra ciudad con objeto de mandar una Unidad, no supe que decirle. Se trataba de un traslado con su familia, de una ciudad a otra dentro de la Península. Incluso llegó a asegurarme que, para poder lograr ese loable objetivo que todo militar desea conseguir, algunos de ellos tenían que pedir un crédito para poder realizar dicho traslado, sobre todo cuando el destino se encontraba en Baleares o Canarias.
A aquel artículo creo recordar que lo titulé “¡No quiero mandar!”, debido a que muchos de los militares con capacidad más que suficiente para poder hacerlo y con méritos sobrados, no estaban dispuestos a sacrificar a su propia familia para que ellos consiguieran una mejor calificación en su Hoja de Servicios. No me negarán que estas situaciones que se les plantean a muchos militares no es que sean tristes; es que son impropias de una nación como España, en la que estamos ya demasiado acostumbrados a dilapidar millones, en muchas ocasiones sin apenas controles que eviten semejantes despropósitos. No creo necesario recordar aquí ejemplos que pueden avalar lo escrito anteriormente.
Todos los militares fuimos, han sido y siguen siendo, totalmente conscientes de las dificultades enormes por las que ha tenido que atravesar España en diferentes épocas para superar situaciones económicas críticas. Y todos, prácticamente sin excepción, hemos sido los primeros en sacrificar nuestros intereses –fueran cuales fuesen- para ayudar y apoyar la acción de diferentes gobiernos para contribuir así a mejorar la situación económica de nuestra Patria. Como, por ejemplo, durante estos larguísimos siete años de crisis que estamos viviendo desde el año 2008.
Pero esta actitud, que es la general en todo militar, lógicamente choca cuando a nuestro alrededor observamos el desbarajuste del caciquismo, del aprovechamiento del cargo que se ocupa, de las subvenciones “politizadas”; en una palabra de la corrupción que desde hace muchos años se ha enseñoreado de instituciones, organismos, agentes sociales y personas mientras que nuestros presupuestos militares, ridículos y tacaños, son el furgón de cola de las naciones de Europa.
Todo esto es lo que no es, ni concebibles por quienes están dispuestos a dar su vida por España ni justo para quienes con mayor deseo esperan es servir a su Patria en los puestos de mayor riesgo y fatiga. Y todos los antecedentes descritos conducen a una sola y simple situación: la desmoralización de los militares. ¿Por qué?
Todo el mundo sabe, o debe saber, que el militar, por el mero hecho de serlo, tiene recortados sus derechos constitucionales. Por tanto, debe ser el gobierno de turno quien se encargue del bienestar social de los españoles que vistan uniforme. Porque ellos no lo pueden exigir a base de huelgas, convenios colectivos u otras medidas de presión utilizadas por el resto de los españoles. Pero, ¿lo han hecho así los gobiernos? ¿Y más en las ocasiones más propicias? De ninguna manera. No ha habido en la democracia peculiar que vivimos en España ni un solo gobierno que no haya puesto siempre trabas y dificultades a los militares para desempeñar con naturalidad sus misiones o lograr sin problemas solventar el traslado de un lugar a otro –lo que se denomina apoyo a la movilidad- para que, quien lo desea y tenga las capacidades requeridas, ocupe el destino de forma reglamentaria
Entonces, ¿quién o quiénes se tendrán que ocupar de resolver estos problemas? Teóricamente debiera ser la Subsecretaría del ministerio de Defensa el organismo que tendría que poner todo de su parte para conseguirlo y solicitar la información permanente para evitar que surgieran los problemas de forma innecesaria.
Pero en este caso, que yo sepa, no ha sido así. Quien al parecer se ha preocupado por conocer este problema de los traslados –que trunca, sin duda, demasiadas perspectivas de mando o de destinos- ha sido el General del Mando de Canarias (MCANA) para informar al GEMAPER (Mando de Personal del Ejército) sobre esta problemática con objeto de tratar de ponerle remedio por medio del magro presupuesto con que cuenta el Ejército de Tierra.
Así, la Unidad de Sociología del ET (USET) ha realizado un primer estudio sistematizado y muy completo en el mes de mayo de este año, para poder informar al MCANA sobre las dificultades –en muchos casos enormes- de quienes desean ir a ocupar un destino en el archipiélago canario, como consecuencia de estas trabas burocráticas a la que se somete al militar cuando lo que desea es realizar el mejor servicio a su país.. No es ninguna casualidad que en dicho informe se incluya una frase reveladora; “Ir destinado a Canarias es un mundo”.
El estudio distingue tres situaciones diferentes:
-Ir destinado a las Islas.
-Regresar de las Islas a la Península.
-Problemas de permanencia en las Islas.
En los dos primeros casos el estudio hace hincapié en los problemas que el militar debe resolver para hacer frente a los gastos de alquiler de una vivienda, en la fianza que para ello debe depositar, en la comisión que haya de pagarse a la agencia inmobiliaria, las matrículas de los colegios de los hijos u otros gastos que, para los haberes que se cobran desde el empleo de Teniente Coronel a Soldado, son difíciles de afrontar. Por eso era cierto aquello de que era obligado solicitar un crédito a una entidad financiera para lograr ocupar el destino deseado. Y, como expliqué en aquel artículo precedente, este problema no existe para el militar que va destinado al extranjero, al que se le concede una cantidad en metálico para poder hacer rente a los gastos antes citados y que suele ser el10% de los haberes brutos de un año.
Por otro lado, no parece demasiado lógico ni justo la distinción que se hace del derecho de traslado a la Península de un Coronel y su familia respecto del resto de los empleos militares. Si las escaseces económicas no permiten el “café para todos”, en mi humilde opinión lo mejor es repartir ese café de forma equitativa, incluido el Coronel.
En definitiva, es una realidad incuestionable que hoy en día la distancia que separa nuestras queridas islas Canarias de la Península es un grave inconveniente para superar la actuales medidas de apoyo a la movilidad de los miembros del Ejército. En este sentido, las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) debieran ser fundamentales para llevar a cabo una gestión mucho más personalizada del militar que se traslada de un lugar a otro.
Por último, lo que deseo hacer constar es que han sido las autoridades militares del Ejército de Tierra las que, una vez más, han demostrado su preocupación por un problema que, normalizado y estandarizado, debiera ser resuelto de igual manera en los tres Ejércitos por el organismo que debiera coordinar la resolución de éste y otros muchos asuntos que afectan a la vida diaria de quienes se sienten orgullosos de servir a España. Y, si hay que flexibilizar en la medida que sea necesaria y estrictamente legal los requisitos que se precisen para obtener las conocidas indemnizaciones de traslado, que se haga cuanto antes para evitar que, quien desea cumplir con su deber, pueda hacerlo sin necesidad de tener que renunciar a ello por las dificultades económicas que pueda suponer una gestión administrativa errónea o complicada.
