Vaya por delante que por irresponsabilidad política me estoy refiriendo aquí a aquellas decisiones que adoptan nuestros políticos por pura estupidez, incultura o falta de visión. Hoy me preocupa más la irresponsabilidad como impunidad, esto es, como una cultura que no castiga los malos actos y que tampoco premia los buenos. Se haga lo que se haga, no se temen las consecuencias porque no se pagan nunca. Ejemplos cotidianos salen a patadas: desde el mal llamado MENA que asalta y roba a sabiendas de que por mucho que lo detenga la Policía, si llega a hacerlo, el juez o la jueza de turno lo va a poner de patitas en la calle para seguir reincidiendo; o los okupas que no sólo se aprovechan de incautos propietarios, sino que destrozan lo que no es suyo cuando tienen que volver a su sitio, la calle, porque no tienen que compensar a nadie por su maldad; o los supuestos «niños» que violan en manada pero que no tienen la «edad legal» para ser debidamente castigados.
Y, con todo, no es tampoco eso de lo que quiero reflexionar ahora. Quiero dedicarme a algo que muchos han decidido dejar atrás, como una pesadilla de la que se han despertado. Pero hoy, que el actual y desconocido ministro de Sanidad anuncia electoralmente que va a poner fin a la obligatoriedad de las mascarillas en farmacias y centros hospitalarios, creo que es de justicia reclamar responsabilidades políticas a todos los gobernantes que cercenaron nuestras libertades, nos impusieron medidas absurdas, inocularon el miedo en la gente y hundieron la economía bajo la excusa de luchar contra la pandemia del COVID. El Gobierno Sánchez (no hace falta adjetivarlo con Frankenstein, porque Sánchez se ha fundido ya con el monstruo) tomó medidas inconstitucionales y no ha pasado nada; nos forzaron a presentar certificados COVID para poder movernos cuando se demostraron irrelevantes; se nos asustó con cifras escandalosas que ahora, con las autopsias en la mano, podemos afirmar que eran del todo falsas.
Pero quizá la mayor operación de engaño siga siendo las explicaciones sobre de dónde salió el dichoso coronavirus. Esta misma semana, el New York Post, uno de los poquísimos periódicos americanos que no ha sucumbido ni a la manipulación gubernamental ni a la ideología woke, se ha despachado con una historia explosiva que demuestra cómo los tres primeros casos de COVID fueron Ben Hu, Yu Ping y Yan Zhu, casualmente tres científicos que trabajan en el laboratorio de Wuhan. Y que su contagio se produjo varias semanas antes de que el Gobierno de Pekín dijera que en esa ciudad se estaba dando un nuevo tipo de gripe asociada al mercado de animales vivos y que había sido transmitida a humanos por un pangolín.
Que China mintió es de sentido común. El pasado mes de febrero, después de muchas vueltas, el director del FBI, Christopher Wray, afirmó que el origen de la pandemia se debió «con casi total certeza a un incidente en el laboratorio de Wuhan». Desgraciadamente, en esta era de la irresponsabilidad, nadie ha pedido que China, que además exportó el virus manteniendo los vuelos internacionales abiertos mientras impedía los movimientos internos e imponía confinamientos draconianos, pague por ocultar una información —la verdad— que podía haber salvado miles de vidas y garantizado el buen funcionamiento de la economía mundial.
Aquí, un personaje como Fernando Simón se permitía sus malos chistes y no acertar en ninguna de sus predicciones, amén de justificar unos confinamientos ilegales, pero se puede permitir el lujo de caminar altivo por cualquier calle de España cuando debiera estar enjuiciado. Por robarnos dos años de nuestras vidas.
El problema de la cultura de la irresponsabilidad, del aquí no pasa nada, es que se extiende como el aceite, lentamente, pero pringándolo todo. Ahí están las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid ensalzando unas supuestas virtudes cívicas de Bildu y ridiculizando a quienes portamos la bandera de nuestra patria. Una falsa disculpa y a seguir cobrando de nuestros bolsillos. Y la prensa no es mucho mejor, auténtico estercolero de difamaciones al amparo de una legalidad que ampara más a quien las difunde que a quien las padece.
Que los políticos se sientan por encima de la ley y se crean impunes se puede explicar sociológicamente hablando. Que los españoles se lo permitamos es ya más complejo de entender. Es tal la erosión de la ley y las instituciones que todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiera sin implicación alguna. Desde el absentismo laboral injustificado a las mariscadas sindicalistas, pasando por la corrupción en ayuda de los suyos, familiares y amigos.
Y es que la irresponsabilidad conlleva la extensión de la mentira como forma de vida. Algo que es del todo inaceptable para cualquiera que tenga una conciencia y moral. Sólo basta con distinguir entre lo que está bien y está mal. Los irresponsables elegirán el mal, pero las personas rectas deberían elegir el bien.
Y lo que vale para nuestras vidas también vale para nuestra vida electoral. Que no se nos olvide el 23J.
