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A expensas del resultado final que arroje la subasta eléctrica de hoy, el recibo de la luz subirá un 7% a partir del próximo 1 de enero, debido a la necesidad de amortizar el déficit de tarifa generado en 2013, equivalente a unos 3.600 millones de euros. Así, familias y empresas deberán afrontar un nuevo encarecimiento de la factura como resultado a una situación aberrante: España soporta uno de los recibos de la luz más caros de la toda la UE y, a pesar de ello, el déficit de tarifa se aproxima ya a los 30.000 millones de euros.
¿Que ha pasado para llegar a esta situación? Pues sencillamente un cúmulo de despropósitos en los costes regulados. Es decir, la parte de la factura que controla directamente el Gobierno, que supone la mitad del recibo final y que incluye el coste total del transporte y la distribución -actividades reguladas por el Estado-, pero también el coste de la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración, así como la financiación del déficit de tarifa de años previos. Éstos costes no han dejado de crecer en la última década, llegando a multiplicarse por más de tres desde el año 2000.
La clave del problema es que los últimos Gobiernos han fijado unos peajes de acceso muy inferiores a los necesarios para cubrir todos los costes regulados por puros motivos electoralistas. De hecho, la subida necesaria de peajes implicaría encarecer la luz un 50% para reflejar su precio rea, lo que convertiría a España, de lejos, en uno de los países con mayor coste energético del mundo desarrollado. Y como el Estado se niega a trasladar esos costes a la factura, España lleva más de 10 años acumulando una creciente deuda con las eléctricas -el famoso déficit de tarifa- que habrá que sufragar de una u otra forma.
La necesaria reforma del sector se ha quedado -gracias a Cristóbal Montoro- en una mera subida de impuestos a las eléctricas, manteniendo en pie la burbuja de las renovables, auténtica responsable del desaguisado del sector. Se ha optado por esconder el problema bajo la alfombra, retrasando su solución, ya que el Estado avalará la titulización de dicho agujero. Es decir, garantizará la emisión de nueva deuda eléctrica, cuyo coste se sufragará a lo largo de los años mediante progresivas subidas de la luz. De este modo, serán los consumidores o , en sus caso, los contribuyentes quienes costearán el déficit. Y todo ello con un efecto colateral muy peligroso, ya que el coste energético se traduce en pérdida de competitividad, amenazando con echar por tierra todos los avances en mejora de la productividad logrados con la reducción de costes laborales.
