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El Boletín Oficial de la provincia de Guipúzcoa publicó ayer el Decreto de la Diputación foral número 46/2013, de fecha de la víspera, por el que el barrio donostiarra de Igueldo, situado en el monte del mismo nombre que flanquea, junto con el monte Urgull, la bahía de la Bella Easo, se desagrega de la ciudad de San Sebastián para pasar a constituir un municipio independiente. Varios partidos políticos disconformes con esta segregación han anunciado ya acciones jurídicas para paralizarla, lo que permite prever un pleito de resultado incierto, como ocurre con todos los pleitos.
La historia de la segregación de Igueldo viene de lejos, y sus últimos episodios comprenden desde la creación de una asociación de vecinos de la que formaba parte activa el hoy alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, hasta una votación celebrada el 10 de noviembre pasado, en la que 391 vecinos de los 883 igueldotarras mayores de 16 años votaron a favor de la segregación. Las circunstancias en que se ha desarrollado este proceso presentan serias disonancias con la legalidad vigente, como la vulneración de la propia normativa provincial en cuanto al número mínimo de habitantes requerido o la competencia de las instancias que han aprobado la creación del nuevo municipio. La portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, Larraitz Ugarte, ha dicho que se ha preferido dar prioridad a la voluntad expresada por los vecinos, considerando que todo debe ceder ante lo que calificó como «un ejercicio democrático puro y duro».
Esta operación ha sido posible ahora porque tanto el alcalde de San Sebastián como el presidente de la Diputación pertenecen a Bildu, que es la organización política que la ha animado durante años. Esto explica, por ejemplo, que la propia Ugarte, en su comparecencia ante los medios, haya dicho que ve ciertas similitudes con lo que ahora está pasando en Cataluña y sus pujos separatistas respecto de España. Al margen de que semejante despropósito nos ofrezca el verdadero grado de solvencia intelectual y jurídica de la portavoz, hay que agradecer que, al menos, no se han tomado la molestia de enmascarar la operación con otros propósitos distintos del que ellos mismos han manifestado: la segregación de Igueldo es una especie de prueba de laboratorio -y también un ejemplo a seguir- para cualquier otro intento separatista de parte del territorio español.
La Administración General del Estado tiene, probablemente, algo que decir y hacer sobre el caso de Igueldo, sin necesidad de acudir a iniciativas de corte netamente político. Sería muy recomendable que la opinión pública tuviese, de fuente digna de más crédito que la señora Ugarte, información exacta y pronta al respecto.
