La operación realizada por los burócratas europeos y el Banco de Santander, para hacerse con el Banco Popular, con la cooperación necesaria de la CNMV, el Banco de España y el Ministro de Economía, así como la incapacidad del equipo gestor del propio Popular, dirigido por Emilio Saracho, ha culminado en la anulación del derecho de propiedad y en la vulneración de la legislación mercantil española. Una operación cuyas consecuencias, tanto para las arcas públicas, como para la solvencia del sistema financiero europeo está aún por constatar.
Se dice que los accionistas deben asumir las pérdidas. Y así debe ser, pero debe serlo mediante un acuerdo de voluntades, según el cual vendes por un precio inferior al que compras o porque la sociedad en la que inviertes resulta en una liquidación sin remanente para el accionista. En el caso del Popular, el acuerdo de voluntades, se ha sustituido por la coacción estatal. Los accionistas y otros afectados por la operación, se sienten como aquél que se acostó orgulloso del coche que tenía en el garaje y se levantó con la sorpresa de que un ladrón se lo llevó por la noche con la excusa de que no lo cuidaba adecuadamente. ¿Qué le parecería a usted si el ministerio de turno le expropia su casa, sin pagarle nada, porque considera que no la cuida debidamente, o le confisca su peluquería porque dice que da usted un servicio deficiente?
La protección del depositante es una excusa, pues estos no dejan de ser acreedores del banco que gozan de la protección del fondo de garantía de depósitos y que deben asumir las consecuencias de prestarle el dinero a una entidad con dificultades de solvencia o liquidez. Si se sigue protegiendo al depositante como a un menor de edad o un incapaz, seguirán existiendo entidades financieras que ofrezcan condiciones que el mercado no sostiene, provocando la interminable intervención estatal.
Si me posicioné radicalmente en contra del uso de recursos públicos para salvar a entidades financieras, ya sean públicas o privadas, el procedimiento llevado a cabo, para confiscar a los accionistas y bonistas del Banco Popular, vulnerando la legislación existente por decreto, es incluso peor para el propio sistema financiero. No es admisible ni el expolio público, ni el expolio privado mediante la coacción pública.
Existen mecanismos legales en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley Concursal, en el Código de Comercio y en la extensa normativa bancaria para dar solución a estas situaciones sin necesidad de la confiscación. Existen organismos reguladores, como la CNMV y el Banco de España, cuya existencia para este tipo de situaciones se ha demostrado absolutamente prescindible. Y si las leyes de las que nos hemos dotado o los organismos que deben velar por que se cumplan las normas son ineficientes, cambiemos normas o eliminemos organismos, pero no cedamos al absolutismo burocrático, que ahonda la inseguridad jurídica sobre la que cabalga toda la Unión Europea.
Ningún accionista de ningún banco puede estar ahora seguro. Nadie puede tener la seguridad de que se acueste con sus ahorros invertidos y que un burócrata decida por decreto, no ya que no valen nada, sino que ni siquiera son suyos. Esto va a tener una repercusión muy importante entre los inversores nacionales y extranjeros, pues será la subjetividad de un funcionario, quien determine si su propiedad es suya o no, sin procedimiento judicial alguno que avale la expropiación.
Me sorprende que ningún político, líder de opinión, contertulio o columnista, se haya percatado de que la decisión adoptada por la Junta Única de resolución, autoridad competente, significa abolir el derecho de propiedad privada y que sus consecuencias serán dramáticas para un sistema financiero que se ha quedado anticuado y se aferra al poder estatal para mantener sus privilegios.
El problema del “too big to fail” del sistema bancario, probablemente el sector más regulado y supervisado que existe en nuestra económica, ha sido creado por la protección regulatoria de la que disfruta y por la connivencia con el poder político de turno.
El sistema de confiscación o expolio coactivo desde el ámbito público que se inaugura con el Banco Popular, es el punto de inflexión definitivo que hará desaparecer el sistema financiero bancario, tal y como lo conocemos hoy en día. Nadie está seguro siendo accionista de una entidad financiera. La inversión migrará hacia el Fintech, menos regulado y menos sometido al capricho burocrático, que lo hará ser un competidor aun más peligroso para nuestros tradicionales y protegidos bancos europeos.
Los grandes bancos experimentaron alzas en sus cotizaciones el día del expolio y al día siguiente, mientras que los pequeños y medianos cayeron esos mismos días. Liberbank cayó un 7,4% el día de la confiscación y un 18,3% al día siguiente, más de una cuarta parte de su valor en dos días. ¿Quién cree usted que serán los próximos accionistas en ser expoliados por los burócratas europeos?.
Si no quiere ver desaparecer su patrimonio de un día para otro por una decisión burocrática, tiene muchos sitios en los que invertir, pero ese sitio no es la banca.
